Lo primero es lo que ocurrirá si la Corte Constitucional declara inexequible la reforma que autoriza la reelección inmediata del presidente. Mi opinión, ya explicada otras veces, es que tal cosa difícilmente ocurrirá, pues el impacto en la opinión pública generaría una reacción que aseguraría una vasta mayoría de derecha en las cámaras legislativas para el próximo periodo y también un gran apoyo al candidato al que se reconociera como continuador de Uribe.
Lo segundo, que en cierta medida explica lo anterior, es que ese proceso, en realidad continuación de uno que se vive desde el final de la presidencia de Samper, podría llevar a una hegemonía derechista de varias décadas, que para la memoria colombiana se podría asimilar a la República Conservadora que siguió a la Regeneración y a la Constitución de 1886.
Aún más, no es imposible que algún político se plantee convocar una nueva Constitución, pues se podría atribuir a la de 1991 el poder casi omnímodo de la Corte Constitucional y la burla a la voluntad popular, por no hablar de otros elementos, como el recurso de Tutela, que intentó reformar el gobierno de Uribe, con amplio apoyo popular, pero que no fueron aceptados por los congresistas.
Con lo que el paralelismo está servido. Ya son frecuentes las asociaciones entre Uribe y el también liberal disidente Rafael Núñez, el hombre que perpetró el Himno Nacional, una de las más elocuentes denuncias del alcoholismo que la humanidad ha producido (junto con el poema declamatorio Por qué no tomo más).
A mí me interesa llamar la atención sobre la visión predominante en Colombia, según la cual la Regeneración fue un retroceso y la Constitución de 1886 una norma que impedía la renovación política y social y anclaba al país en los valores predemocráticos propios de la sociedad colonial. Eso por cuanto el corolario casi obvio es que la Constitución de 1991 es un gran avance democratizador y su aplicación conducirá a la reducción de las desigualdades.
Esa visión es la discusión que de verdad importa, más que la misma reelección, cuya caída sólo complicaría la situación del bando que defiende la Constitución de 1991. Se trata de entender qué es lo progresivo y qué es lo reaccionario en Colombia, qué traerá más desigualdad económica y social y qué la reducirá.
¿Sospecha mi improbable lector que voy a decir que la Constitución de 1991 acentúa y asegura la desigualdad y es en conjunto un retroceso a valores coloniales y antidemocráticos? Pues acierta: no es otra cosa lo que pretendo demostrar.
La excusa de esos descontentos era la injusticia y desigualdad que afectaba a las mayorías: se podría decir que los estudiantes universitarios, una minoría mucho más pequeña que ahora, se sentían solos en un país que ofrecía tan pocas oportunidades a los demás. Pero, inexplicablemente, encontraban intolerable que esa masa inculta decidiera acerca de quién debía gobernar y cómo. ¡Nada les inspiraba más desprecio que las urnas y la democracia burguesa!
Esa vieja caricatura del despotismo ilustrado sigue siendo predominante entre los guerrilleros, sus socios urbanos y su periferia de partidarios de la solución negociada, tres grupos que conforman una escala ascendente en categoría social y descendente en condición moral: los últimos añaden al crimen la alevosía, el cinismo y la falsedad.
Lo curioso, lo que nunca ningún colombiano quiere entender tal vez porque en el ADN de los habitantes del paraíso subhumano haya sido suprimida toda noción de decencia, es que esos estudiantes de entonces, hoy en día en la cincuentena, sean casi todos firmes defensores de sus ideales de juventud y al mismo tiempo disfruten de privilegios y ventajas que desconocían sus padres y los patricios de la generación anterior. ¡Roban y oprimen a los demás colombianos, pero es el cruel designio del espantoso modelo neoliberal!
Llevo años explicando eso y todavía no he encontrado a la primera persona que me explique que es otra cosa, que no hay una afinidad radical entre el parasitismo, la opresión, la desigualdad y la ideología comunista. ¡Es porque no soy un enamorado de Colombia y sólo siento el hedor de esos seres y no las maravillas de la biodiversidad que enorgullece y del suelo que impone respeto! Como no soy de los buenos patriotas, sólo veo un muladar en el que lo humano ha caído a su nivel más bajo, mis anteojeras sectarias y corrompidas por la visión foránea me impiden reconocer el paraíso.
El PIB per cápita de Colombia es de unos 2.000 dólares al año. Si se suponen grupos familiares promedio de cuatro personas, habrá que atribuir un ingreso familiar anual de 8.000 dólares, haciendo la salvedad de que no todo lo que figura en el PIB se puede traducir en renta familiar. Para el caso eso carece de importancia. Daría lo mismo que ese ingreso anual familiar fuera de 5.000 o de 7.000 dólares. Lo que está claro es que al menos la mitad de las familias colombianas no llega a una renta de 4.000 dólares al año.
Si tomáramos la cuarta parte más rica de la sociedad, tendríamos unos diez millones de personas y una renta familiar superior a 20.000 dólares (para familias de cuatro personas, y no pretendo ofrecer cifras exactas, ni mucho menos, la renta podría fácilmente ser de 30.000 dólares). ¿Quiénes componen este segmento de la sociedad?
Exceptuando algunos propietarios rurales, comerciantes e industriales, que en conjunto serían una minoría y que percibiría rentas más bien inseguras, esa parte más rica de la sociedad está formada por las familias de los egresados universitarios y de los empleados del Estado. Claro, se puede decir que muchos egresados universitarios son también comerciantes, no se trata de categorías excluyentes. Sólo que las familias de los doctores no suelen estar entre los más pobres.
¿Habrá quien se haya detenido a pensar que esos sectores son los que se proclaman de izquierda? Es inevitable repetirse e ir siempre a lo mismo: ¿hay o no un daño moral profundo en una sociedad que proclama lo contrario de lo que hace y se disfraza de lo más opuesto a sus verdaderas pretensiones? Ya he explicado muchas veces que es el mismo proceso que el uso de la religión del amor como excusa del saqueo, el exterminio y la esclavitud que llevó a cabo la sociedad colonial.
Ese esquema sirve para explicar la sociedad colombiana en cualquier fase de su existencia independiente. Siempre están las fuerzas que aspiran a conservar el orden de castas de la sociedad colonial y las que pretenden una modernización en el camino hacia una sociedad competitiva como las de Norteamérica y Europa occidental.
¿Cómo habrá que decirle a la gente que esas castas siguen en cierta medida existiendo, que los grupos de elite dejaron a sus descendientes el control del Estado y las ventajas de la "educación"?
La constitución de 1991 es el triunfo de esos sectores, la conversión en ley de sus aspiraciones fundamentales. Nada asegura ni multiplica de peor manera la desigualdad que esa Constitución, como puede comprobar cualquiera que evalúe la historia reciente de Colombia.
Todo el problema es la incapacidad de ver bajo el disfraz de retórica socialista la misma tarea de iniquidad que han representado esas castas parásitas desde las mismas fechas de la Conquista. Con un supuesto enfrentamiento con un fetiche católico y ultramontano sólo ocultan su verdadera condición retrógrada y restauradora de la esclavitud.
Es un poco difícil explicar el trasfondo totalitario que hay tras la doctrina de los derechos fundamentales: en lugar de una norma clara respecto de la cual todo el mundo sepa a qué atenerse, se deja abierta una puerta por la que la autoridad verdadera puede saltarse los contratos y hasta las nociones compartidas por los demás. Si el magistrado o su pariente o el abogado o aquel que está dentro de la parte dominante de la sociedad necesita una operación quirúrgica que cuesta varios millones de dólares siempre se podrá invocar el derecho a la vida para forzar al Estado a pagarla, pero si con esos millones de dólares se podrían salvar miles de vidas con medicamentos básicos de los que carece buena parte de la población, no es un problema de la Corte, pues nadie presentó el recurso o acción de tutela correspondiente.
La palabrería tan generosa sólo sirve para asegurar la desigualdad y el despojo de la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué decir de las pensiones millonarias concedidas por el mismo medio, de los aumentos de salarios resueltos por la misma Corte, de las normas económicas perjudiciales para el conjunto de la sociedad pero favorables a los negocios de los magistrados?
Para cualquier colombiano capaz de leer este blog es diáfano el sentido de todo eso. Otra cosa es que probablemente esté adscrito a la capa social que se beneficia de esa desigualdad, que tiene empleo casi seguro gracias al prestigio de su universidad y a la amplia provisión para crear puestos burocráticos que determina la Constitución (al coste de un déficit público que nunca se podrá remediar), que en caso de ver la viabilidad del negocio podrá presentar una tutela y salirse con la suya en cualquier situación.
Porque la única inteligencia que hace falta es la visión del daño moral que subyace a la vida colombiana y que se manifiesta en esas proclamas angelicales de los peores ladrones.
Siguiendo con la Constitución de 1991, ¿cómo hay que decir que nadie ha visto que las instituciones estatales funcionen mejor desde entonces? Las transferencias han resultado incontrolables, con lo que los robos en las regiones se han multiplicado, la justicia ha multiplicado sus gastos, pero eso sólo ha significado aumento del poder y la riqueza de los jueces y empleados judiciales, en absoluto aplicación más eficiente de las leyes, exactamente lo mismo que la salud y la educación: es que la función de las castas parásitas del mundo esclavista es quedarse con todo a cambio de nada. Por eso todos los indicadores de la educación pública en Colombia, o de las instituciones estatales de salud, son los peores del mundo en cuanto a la productividad del gasto.
Y es que la conducta del gobierno en los últimos meses produce la impresión de que para asegurar la reelección está dispuesto a congraciarse con todos los poderes tradicionales. De modo que lo más probable es que Uribe consiga salir reelegido, pero la necesidad social que lo llevó al poder seguirá insatisfecha.
Nunca olvidaré la conclusión a que llegó un analista de la política nicaragüense tras una década de la Revolución sandinista: "Lo único que ha cambiado es que ahora en lugar de cuatro familias dueñas del país hay cinco, contando a los Ortega". A tal punto puede llegar el escepticismo sobre los últimos pasos del gobierno: aparte de los Santos y los López y los Pastrana y los Samper y los Lleras y los Rojas, tendremos a los Uribe.
De modo que nadie debería hacerse muchas ilusiones sobre el segundo periodo de Uribe, si llegara a darse: retorno de la corrupción a sus justas proporciones (es decir, a la media de un gobierno como el de Andrés Pastrana, sin llegar a los excesos de uno como el de Samper), crecimiento económico más o menos moderado, ineficacia en la lucha contra la guerrilla encubierta con la retórica de la paz y reacomodo de todos los sectores poderosos de siempre (tal como ya ha ocurrido con la diplomacia en este gobierno).
Y el problema de seguir con lo de siempre es que el aspirante casi seguro a la presidencia en 2010 será un protegido de los Santos, probablemente Luis E. Garzón, con la tragedia que eso representaría. ¡Tal vez la solución del "conflicto armado", que no se habrá logrado para esa fecha, como promete Navarro Wolf, por no haber ganado las elecciones en 2006!
Es decir, como ya he explicado, parece que el precio de aprobar la reelección sea la neutralización de cualquier reforma que pudiera aportar el gobierno de Uribe. Al tiempo que la máquina de los medios prepara una rebelión izquierdista de maestros y marginados urbanos apoyada en la mala memoria de la gente.
Porque el sistema de valores profundo de los colombianos, el que permite que haya guerrilla y justicieros igualitarios que tienen varias sirvientas y una casta que lo toma todo y no pone nada, ese sistema permanece intacto y el país sólo se repone del susto que pasó durante el gobierno de Pastrana.
En el improbable supuesto de que tumbaran la reelección, la gente vería si se dejaba engatusar por los medios, si se acordaba de las propuestas del referendo, de los abusos increíbles de los sindicatos estatales (a ver si alguien llegara a explicarles que son la misma guerrilla, que las propuestas de Raúl Reyes en el Caguán eran coreadas por los de Emcali y Fecode), etc. Puede que recaudara muchos votos el que recuperara esas banderas hoy olvidadas.
Porque la reelección puede resultar una reforma lampedusiana, para que nada cambie. Para que tras la continuidad de Uribe permanezca el viejo orden incólume y tranquilo.