La última maquinación del crimen organizado

Desde que Santos llegó al poder, la historia de Colombia es sólo el continuo avance del proyecto que seguramente su hermano mayor tenía acordado con los jerarcas cubanos desde mucho antes: la instauración completa de un régimen como los de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia con el pretexto de la "paz" con las FARC.

Con ese fin se han combinado las intrigas y purgas dentro del Estado con la persecución judicial de cualquiera que pudiera liderar alguna resistencia y sobre todo con la intensa labor de propaganda que continuamente impresiona por los medios que llega a desplegar, desde las portadas de Time hasta los artículos sesgados de The Economist, pasando por los publirreportajes repulsivos en la prensa española, por la campaña #SoyCapaz y por muchísimas maquinaciones semejantes. Los montajes calumniosos de los medios pagados con dinero público forman parte de esa misma tarea.

La "tregua unilateral" de las FARC es la consumación de ese camino. Los militares y policías se han convertido en los protectores de los terroristas, que se propagan por todo el país, como ya hicieron en tiempos de Betancur gracias a la benevolencia del gobierno, con la garantía de que no serán atacados porque cualquiera que intentara aplicar la ley tendría castigos del alto mando y muy probablemente persecución judicial, cosa que tampoco haría falta porque sin planes de ataque sencillamente cualquier grupo militar o policial está en desventaja si se llega a encontrar con los terroristas.

Santos va ahora más lejos y manda a sus "negociadores" a acordar un cese bilateral, lo cual es la completa rendición del Estado ante los criminales pues, ¿acaso eran bandos equivalentes? ¿Acaso es lo mismo secuestrar gente que protegerla del secuestro? ¿Qué harán desde el poder los jefes terroristas sino oprimir y perseguir a quienes les incomodaron tal como hizo la manguala del 91 con los que aplicaron las leyes contra el M-19?

La forma en que los terroristas tomaron el poder es singular pero describe a la perfección al país: el gobierno anterior llegó a tener un apoyo mayoritario y pudo convocar una Constituyente para cambiar el engendro del 91, pero no le interesó. Y también pudo crear un partido coherente que se opusiera a los que durante esos ocho años obraron como socios de los terroristas, y nada de eso le pareció digno de emprenderse. Con tan grandes recursos y popularidad, también pudo crear una prensa diferente pero pareció mejor aliarse con la existente, todo con tal de continuar ocupando los puestos de mando, de lo que llegó a ser paradigma la delirante opción de un tercer periodo de Uribe, que habría legitimado a los terroristas y a sus aliados pero que sobre todo requería aprobación de una Corte Constitucional cuyo presidente llegó a ser candidato del Partido Comunista en 2006. En la transición hacia la paz que fue el primer gobierno de Santos el expresidente rehuyó a toda costa el papel de "obstáculo para la paz" y la apoyó con pretextos falaces para "mejorarla".

Continuando con la monstruosidad del gobierno de establecer una simetría entre las FARC y cualquiera que se les oponga, y sin duda planeada por los mismos estrategos cubanos que dirigen tanto el gobierno de Santos como a la banda asesina y las "negociaciones", dentro del capítulo de propaganda, aparece ahora la iniciativa de Mockus, en la que el personaje da rienda suelta a su perversidad y descaro. Cuando invita a Uribe y a Cepeda a marchar por la paz está equiparando a un político popular con un jefe terrorista que pertenece al Partido Comunista, que es a las FARC lo que el NSDAP a las SS, y que aparece como socio de la banda asesina en los PC de alias Raúl Reyes. Eso entre muchas otras pruebas de su relación con las FARC.

Insisto: la mala fe de Mockus deja ver a un canalla de la peor clase. Por si alguien lo dudaba después de la campaña que emprendió en 2008 con Claudia López y Rudolf Hommes para cobrar la propaganda de los falsos positivos y de su participación en la marcha de desagravio a las FARC que organizaron Piedad Córdoba y Cepeda ese año. Ahora promueve a los asesinos porque "la vida es sagrada" y si mataron mucho más en 2014 que en 2009 es sólo porque se preparan para la paz. Tanto cinismo deja ver la calidad moral de la gente que lo apoya, verdaderos raponeros con pretensiones gracias a las rentas que obtienen despojando a los colombianos desde puestos parasitarios en el Estado.

Y la jugada es eficaz porque haga lo que haga Uribe, pierde. Si no va resulta el enemigo de la paz, y la propaganda destaca la unanimidad de cientos de miles de universicarios y gente del campo llevada a la marcha frente a la "caverna" retrógrada que insiste en la guerra, mientras que si va legitima la iniciativa de Mockus y la posterior campaña del plebiscito con las bandas terroristas armadas y en receso y la población escogiendo si entrega la cartera o se expone a que la maten más que antes (lo que ocurrirá también si acepta premiar a los terroristas, como ha ocurrido en todos los países sometidos al comunismo).

La paz ya se logró, los muertos seguirán mucho más que antes pero ya es el posconflicto. Hay que darles las gracias a todos los que la apoyaron, no importa si la querían sin impunidad o con cese unilateral, es como estar dispuestos a delinquir si el botín vale la pena. A lo mejor otra generación se plantea empezar a construir la democracia, eso no se hará con el caudillo de significante vacío que representa intereses opuestos.

Colombia ya está en la misma situación de las demás provincias del narcoimperio castrista. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. La democracia no se va a salvar gracias a los que le entregaron el país a Santos, pero nadie quiere verlo.

(Publicado en el blog País Bizarro el 15 de enero de 2015.)

La oligarquía y el síndrome de Münchhausen por poderes

Pensando en ese mentiroso del siglo XVIII que dio lugar a una obra famosísima de literatura infantil, se llamó "Síndrome de Münchhausen" al trastorno psiquiátrico consistente en provocarse enfermedades o en fingirlas (obviamente cuando no corresponde a un fraude motivado por otro interés). Cuando quien sufre las enfermedades es otra persona se llamó "Síndrome de Münchhausen por poderes", y si bien es una entidad psiquiátrica discutida, se ha aceptado en juicios por maltrato y aun por asesinato de los propios hijos por parte de la persona que lo sufre.

Cuando uno se entera del optimismo que expresa Juan Manuel Santos por la liberación del soldado Becerra no puede por menos de acordarse de ese síndrome: lo que permite a los terroristas multiplicar sus crímenes es el hecho de que los colombianos se muestren dispuestos a premiarlos, y eso no ocurre tanto porque ese aserto sea difícil de entender sino porque las clientelas del crimen organizado son la casta hegemónica que domina la sociedad desde el siglo XVI.

Como todas las conductas perversas que no se corrigen, esa disposición empeora sin cesar: ya no es sólo que Santos promueva el asesinato de soldados y policías sino que lo justifica ("espérense que consigamos la paz y verán que ya no sucede más") y además lo olvida inmediatamente. ¿Qué van a importar los asesinatos de la última semana, después de la supuesta tregua, si se puede uno alegrar por la liberación de un secuestrado?

Es necesario que todo el mundo recuerde qué eran las FARC antes de que Santos llegara a la presidencia y a cuántos soldados y policías mataban: el canalla favorece los asesinatos para poder ofrecer el bálsamo de la paz. Pero la presión de la propaganda y la indolencia general (no es que se vean muchas protestas porque le pongan a una escuela "Manuel Cepeda Vargas") hacen que cualquiera crea otra cosa, tal como se olvidó la situación de Colombia en 2002 o las miles de atrocidades de las FARC y el ELN en los años noventa.

Y esa forma de actuar de Santos al promover el asesinato para obtener prestigio por remediarlo (los que sufren el síndrome de Münchhausen por poderes suelen anhelar que los reconozcan por salvar la vida de sus víctimas o por curarlas) no es nueva ni es invención suya: fue lo que hizo López Michelsen con el ELN, al que sería facilísimo aniquilar para el ejército, según señaló muchas veces el general Álvaro Valencia Tovar, fallecido este año que se va. ¿Por qué se permitió al núcleo de la banda persistir? Porque López esperaba negociar la paz con ellos. En esa época se ocultó convenientemente que el ELN surgió de las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, el partido de López Michelsen: él había ayudado a crear la banda y esperaba remediar el problema ayudándoles a persistir. La "paz" sin duda le generaba beneficios, tal como el engendro del 91 favoreció a las clientelas de la "izquierda".

Como los colombianos tienen una enorme dificultad para asimilar la ley, no hay nadie que entienda lo que está pasando en La Habana. Los criminales impunes dominarán totalmente al país porque no se les opone ninguna resistencia. Cada vez matarán más, cosa que he advertido en todos los cambios de año desde 2010 y que siempre se ha cumplido. Es lógico: sus aspiraciones tiránicas no tienen límites y no se van a contener premiando sus crímenes.

El genocidio se multiplicará y los colombianos, indolentes y serviles, buscarán salvar el pellejo haciéndose peones de los genocidas. Sencillamente, lo que ha ocurrido debería haber generado una denuncia por genocidio ante la CPI respaldada por millones de firmas. No la habrá porque los que no esperan lucrarse del genocidio creen que hacen mucho encomendándose al Gran Timonel, que apenas busca salvar su menguante cuota de poder y firmará la paz tal como hizo Álvaro Gómez en 1991.

(Publicado en el blog País Bizarro el 30 de diciembre de 2014.)

¿Cuál guerrilla? No jodan

La semana pasaba escribí sobre la curiosa relación que establecen los colombianos entre la ideología y el crimen, todo en relación con la discusión sobre el tráfico de drogas como delito conexo al político. Un artículo de De Justicia (que es una especie de Think Tank muy afín a las FARC) me permite incidir de nuevo en la cuestión.

Narcotráfico y delito político Por: Dejusticia

Por Nelson Camilo Sánchez León

Un nuevo tema controversial del proceso de paz ha rondado al país político en los últimos días: la posibilidad de considerar el “narcotráfico” como un delito conexo al delito político. Las voces de quienes se oponen al proceso de paz bajo la bandera de la “paz sin impunidad” no se hicieron esperar. Incluso llevaron a las cuerdas a Santos, que en una confusa declaración salió al paso diciendo que no aceptará que “el narcotráfico sea delito político”, aun cuando “el uso de los recursos del narcotráfico que ha hecho la guerrilla deberá ser reconocido en la justicia transicional para la participación en política”.

Sin mucho análisis es posible entender el porqué de la polémica. Es evidente la relación entre narcotráfico y conflicto en la historia política del país. De hecho, es uno de los puntos principales de la agenda de negociación. Además, esta discusión se da en el contexto de una tendencia mundial de discutir temas de despenalización y políticas alternativas a la fallida “guerra contra las drogas”.

La deshonestidad intelectual es casi de comedia televisiva: ¿de modo que si en alguna parte hay una discusión sobre la conveniencia de despenalizar el tráfico de drogas eso tiene relación con que en Colombia se lo reconozca como justificable gracias a la maravillosa creación del "delito político"?

Pero, al mismo tiempo, resulta difícil de pasar que la crueldad que ha venido asociada al narcotráfico ha tenido simplemente una motivación política y no lo que a plena vista salta: el afán de riqueza y poder a toda costa. Así, parece muy riesgoso permitir tan fácilmente que los narcos se disfracen de políticos como ya lo intentaron los paras en el pasado y lo cuenta de manera magistral María Teresa Ronderos en su excelente libro Guerras Recicladas.

Difícil encontrar mejor resumen de la monstruosidad colombiana, de la grave deformidad moral que define al país y que está presente en todos los ámbitos de la vida nacional. ¿De modo que "el narcotráfico" lleva asociada la crueldad, por lo que no es fácil asimilarlo al delito político? ¿Había algún "narcotráfico" en hechos como los de Tacueyó, cometidos por el M-19 y que se las arreglaron para cargar a un grupo imaginario, tal como el secuestro de Gloria Lara y el de los niños Álvarez Murillo? ¿Y en los niños bomba que envían a menudo los terroristas para matar policías y avanzar en sus pretensiones políticas? La monstruosidad moral de esa noción que comparten todos los colombianos se va mostrando con toda precisión. Lo que se hace por la revolución, por la justicia social, etc., no se puede considerar cruel. La crueldad es la codicia de los que no tienen ideales. 

Es entonces necesario reconocer que este es un tema políticamente complejo, pero que su definición es central para el futuro del proceso de paz y la consolidación del estado. Por tanto, resulta ineludible su discusión. Para dar este debate con mejor criterio y menos apasionamientos vale la pena empezar por aclarar cinco temas jurídicos del concepto de delito político y sus conexos.

"La consolidación del Estado" es la fórmula que encuentra el pensador para nombrar la consolidación del poder terrorista. Claro, la impunidad total es necesaria para eso.

1. Delito político y sus conexos se definen en Colombia. No existe un documento internacional que defina claramente el concepto de delito político, aun cuando el derecho internacional usa este concepto para temas como definición de asilo, prohibición de extradiciones y otros asuntos. Tampoco existe una lista internacional que establezca cuáles delitos pueden o no pueden ser considerados como conexos al delito político.

Es entonces el derecho interno (penal y constitucional), y no el internacional, a partir de dónde se ha definido su significado y alcances. La sentencia C-577 de 2014 de la Corte Constitucional -que resolvió una de las dos demandas presentadas contra el Marco Legal para la Paz- hace un resumen muy útil de la jurisprudencia colombiana al respecto.

Lo que en el derecho internacional se considera "delito político" es simplemente la actividad política que en ciertos regímenes se considera delito. Es decir, lo que hicieron Sajarov o Fariñas no sería delito en una democracia pero a la hora de concederle asilo a algún crítico de las dictaduras se tiene en cuenta que ha sido condenado o acusado, por un "delito político". La falacia subyacente es la de que da lo mismo el régimen camboyano que el belga y que quien pretendiera en tiempos del jemer rojo (las FARC de Camboya) implantar un régimen como el de Bélgica sería igual de legítimo a quien pretendiera implantar en Bélgica un régimen como el de Pol Pot. En la democracia, en los países en los que se aplican los derechos humanos de la Declaración de la ONU de 1948, no existen los delitos políticos. Lo que en Colombia se considera tal es sólo el resultado de que imperen personajes del mismo talante de los genocidas camboyanos.

Luego, esa monstruosidad de un delito que resta (que alguien me muestre un delito que resta a los otros delitos en la legislación de algún país civilizado) tiene que sustanciarse con jurisprudencia colombiana. ¿No es lógico? La definición del país es sólo el esfuerzo de ponerle sacoleva al orangurán, de disfrazar la esclavitud para presentar un "país" tal como la industria de un proxeneta se presenta como una "familia". ¿Cómo no va a haber jurisprudencia favorable a premiar los crímenes protegiéndolos con el delito que resta si el origen de muchos magistrados es la militancia en bandas criminales y puede que incluso la ejecución de directa de crímenes? (Se dice que el autor material del asesinato de José Raquel Mercado podría haber sido magistrado después. No se sabe quién fue.)

2. La conexidad no convierte al narcotráfico en un delito político. En Colombia tradicionalmente se han reconocido tres delitos como políticos: la rebelión, la sedición y la asonada. La propuesta no es convertir al narcotráfico en un cuarto delito político, sino discutir en qué forma podría ser considerado conexo a los delitos políticos ya existentes. Esto quiere decir que, cuando no exista dicha conexidad, el narcotráfico seguirá siendo un delito ordinario. Por eso Santos dice que se opone a que el narcotráfico sea delito político.

Pero en todos los casos, tratándose de una organización política que intenta abolir la democracia, se podría argumentar que hay una relación con la rebelión y con la sedición. Luego, no cambia nada que se lo considere "delito político", sólo que esa consideración sea un atenuante, algo sólo concebible en la cabeza de los colombianos.

[...]

4. Una cosa es el tráfico de estuperfacientes, otra los delitos conexos al narcotráfico. Una cosa es el hecho de vender drogas y otro es el de los delitos violentos que puedan acompañarlo. En otras palabras: que un hecho de violencia lo haya cometido un traficante de drogas no hace que este hecho se convierta en narcotráfico. Por ejemplo, la explosión del avión de Avianca por parte de Pablo Escobar no es un hecho de narcotráfico, así lo hubiera financiado un narcotraficante. Que se llegue a considerar que conductas de narcotráfico sean conexas al delito político no quiere decir que se les dé esta categoría a los hechos violentos cometidos por los narcotraficantes y, mucho menos, que se les convierta en delitos políticos.

El sintagma que he puesto en negrita dice mucho sobre lo que planea la manguala criminal: los hechos violentos cometidos por las FARC, cientos de veces más y a menudo más atroces que los de todas las demás bandas de traficantes de cocaína, no serán juzgados como los de los llamados paramilitares y otros mafiosos, porque serán conexos a la rebelión y a la sedición. Es decir, serán perdonables a partir de que a los autores y determinadores no se los llamará "narcotraficantes" sino rebeldes y en últimas proveedores de paz.

5. El Estatuto de Roma no incluye el delito de narcotráfico. La discusión sobre amnistías e indultos a delitos que puedan ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional no tiene relación directa con el asunto del narcotráfico. Ni el narcotráfico es considerado por el Estatuto de Roma como un delito de competencia de la CPI, ni existen restricciones en esa norma para la consideración de conductas como delitos políticos o conexos para efectos, como sería la participación en política. *

Es lógico que no exista tal definición porque precisamente no hay tal noción de delito político en el derecho internacional. Ningún atentado contra la democracia es "delito político" y ningún tribunal nunca ha aceptado tal noción respecto de grupos terroristas en Europa. Sólo es que en Colombia el poder judicial está en manos de criminales.

* * Con estos puntos claros, la discusión deberá centrarse en algunos temas que resultan ineludibles: 1) si se cumplen en este caso los elementos para declarar este delito como conexo; y 2) si se declara el narcotráfico como conexo solamente para efectos de participación política. 

Los elementos de la conexidad del delito político

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia (que se resumen en la mencionada C-577 de 2014) aborda tres criterios para determinar la posible conexidad de un delito al político: 

Finalidad: Si el fin del delincuente es altruista y de mejora colectiva, el delito puede ser considerado como político; si el fin es egoísta o de provecho propio corresponde a un delito común. Aquí es es clave entonces separar entre el uso del narcotráfico como una herramienta para fines políticos y su opuesto: hacer la guerra para mantener el propósito fundamental del tráfico de estuperfacientes como negocio. Al primero podría considerársele como conexo, pero no al segundo.

Siempre se está volviendo al principio: ¿es Colombia parte de la humanidad? ¿En qué legislación es concebible que los delitos se juzguen según la intención que el delincuente se atribuya? Me dirán que no es lo que los terroristas se atribuyan sino lo que considera la jurisprudencia, pero ¿de qué modo la destrucción de la democracia y su reemplazo por un régimen de partido único y el despojo de las libertades políticas, para lo cual se mata y se secuestra a mansalva, pueden ser "de mejora colectiva"? Para admitir eso habría que suponer que se respeta la opinión del delincuente, caso en el que Bin Laden, Breivik, McVeigh y Hitler podrían invocar lo mismo. Pero ésa es una pretensión absurda: lo único que queda es que los autores de la jurisprudencia consideran que las FARC tienen un fin altruista de mejora colectiva, cosa que es exacta: "altruista" quiere decir "al servicio de otros" y "colectiva" no necesariamente quiere decir de todos. Los terroristas tienen un fin que interesa a un grupo distinto de ellos, a "otros". A los magistrados. No sólo sus carreras y las leyes que aplican surgen de los carros bomba de los ochenta, de donde surgió la Constitución de 1991, sino que para ascender en la carrera judicial, ya desde la universidad, hay que estar afiliado al comunismo. Con decir que el líder del Partido Comunista, Jaime Pardo Leal, también fundador del sindicato de los jueces y fiscales, Asonal Judicial, era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en los setenta, ya queda todo claro.

Esa idea del crimen altruista define a esos jueces, cuya tarea es parte de la misma conjura que tortura y mutila y viola y mata y secuestra. Por eso emiten sentencias monstruosas como la condena a Andrés Felipe Arias o la impunidad de todos los criminales que aparecían en los PC de alias Raúl Reyes. Por eso este portavoz terrorista sale a fundamentar en el derecho local algo que sencillamente es monstruoso: un crimen altruista que resta de los demás crímenes. No existe nada parecido en ninguna legislación y esa singularidad jurídica es lo mismo que los crímenes: si los jueces alientan el crimen, ¿cómo no va a haber quien lo cometa? ¿Qué responsabilidad real tienen los que mutilan a una niña desertora si en últimas sus crímenes sirven al interés de unos magistrados cuya carrera se basa en el crimen?

Esos prodigios de los juristas dejan ver la esencia criminal del régimen. No algo del gobierno de Santos sino algo plenamente logrado en 1991, cuando los criminales pasaron a ser garantes de las leyes. Todo lo que ha ocurrido después es el resultado de esa constitución, porque las FARC y el ELN matan con la certeza de que quedarán impunes gracias al control de sus jefes (cubanos y oligarcas) sobre el poder judicial. (En este post del 2007 cité una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que abiertamente exaltan a las guerrillas comunistas. El que quiera ahorrarse el post puede leer sólo los trozos sangrados.)

Conexidad: El delito conexo tiene que ser una derivación directa y necesaria del delito principal. En este sentido, para que actividades de tráfico de estuperfacientes puedan ser consideradas como conectadas al delito político y no como independientes tiene que existir la obligación de los rebeldes de devolver todas las ganancias de dicha actividad (que debería ser usada para la reparación de las víctimas) y desmontar el negocio. De lo contrario es imposible defender tanto la finalidad como la conexidad con la rebelión.

Bonita la intención, ¿dónde están los libros de contabilidad de los terroristas y las pruebas de las cantidades obtenidas por ese medio? Podrían declarar que han ganado dos millones de pesos. 

Proporcionalidad: Aun si el delito se comete con un móvil altruista y tiene relación directa no puede ser considerado como conexo al político si su impacto es desproporcionado o atroz. Pero el narcotráfico no es un delito atroz en sí mismo como es el secuestro. Una cosa es exportar drogas ilícitas y otra es la violencia que ese mismo actor individual o colectivamente haya cometido. Quien haya cometido delitos atroces deberá responder separadamente por los mismos.

Ese móvil altruista sólo existe conforme al interés egoísta de los magistrados: como ya he dicho, en cualquier cabeza civilizada sería monstruoso, pues ¿por qué no atribuírselo a Breivik?

Las consecuencias de la conexidad

La Constitución Política de 1991 establece que el tratamiento de delito político puede ser utilizado con cuatro finalidades distintas:

Conceder amnistías e indultos

Prohibir la extradición

Castigar con una pena benigna a quienes son condenados por este hecho

Permitir la participación política 

A eso me refería: a un delito que resta gravedad a los otros delitos, cosa que sólo existe en Colombia y no sólo en la Constitución, que es un papel, sino en la cabeza de casi todos los ciudadanos, en su profunda barbarie y deformidad moral. Es verdad que eso no apareció por primera vez en esa constitución, pero siempre alude al derecho que tiene alguien a matar o, mejor dicho, a mandar matar para asegurarse puestos públicos, un atavismo que tiene relación con la cultura de la Conquista y el exterminio de la población aborigen. No sólo la licencia para matar sino el hecho de que la tengan quienes obtienen diplomas y manejan retóricas. Los asesinatos y secuestros concretos son LA SOMBRA de esa idea

Para cada uno de estos casos, la Corte ha evalúa los requisitos mencionados en el punto anterior. Sobre esta última finalidad, vale la pena recalcar que la Corte Constitucional ha señalado que “en el ámbito de la participación política no existen estándares en el ordenamiento jurídico nacional o internacional que limiten la aplicación del concepto de delito político para permitir que un grupo al margen de la ley o sus miembros, una vez pagada la pena y realizada la respectiva desmovilización, puedan participar en política” (C-577/14). 

El debate está abierto y es una buena oportunidad para debatir, desde una aproximación más limitada sobre la relación de conexidad para efectos de participación política, hasta medidas más amplias como aceptar la conexidad del narcotráfico para otros efectos como los indultos y amnistías o la prohibición de la extradición. Las posibilidades de avanzar en este debate dependen, en buena medida, de que la polarización ideológica no consiga manipular y mezclar estos conceptos para sacar réditos políticos con la confusión que suele reinar en estos debates.

En la sentencia que comenté en 2007 las manifestaciones de la CSJ son mucho más descaradas, pues declaran que la jurisprudencia internacional respalda su monstruosa interpretación de "delito político".

Queda una cosa clara: la impunidad de las FARC está garantizada, y no sólo eso sino su total dominio posterior, bien que en alianza con sus socios "legales" (De Justicia, de la que forman parte los ex magistrados Rodrigo Uprimny y Rodolfo Arango), pues además del poder de intimidación armada (y ya sería impresionante siendo desarmada, con las universidades a su servicio) tendrán las fortunas fabulosas del secuestro. ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido hacerle frente a eso? Pues porque los políticos uribistas son ante todo profesionales urgidos de prebendas y buenas relaciones con el poder y sin la menor vacilación se acomodarán al nuevo régimen. El Centro Democrático es la segunda versión del Partido de la U, como dice Ricardo Puentes Melo.

El que quiera hacerle frente a ese poder debe saber que las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas autónomos, para parafrasear al finadito Chávez. Aquello por lo que matan es la dominación de la casta que nombra a los magistrados, que mantendrá el control a punta de asesinatos y se repartirá el dinero público en acuerdos de paz con los altruistas que les aseguran el mando. Y como de momento no hay una mayoría en Colombia que se oponga a eso, hay que plantearse seriamente llevar a la Corte Penal Internacional el genocidio demostrable que ha cometido el Partido Comunista desde los años sesenta. 

El uribismo no lo va a hacer. Cada vez más muestra su grado moral, por ejemplo defendiendo al asesino Sigifredo López con base en una entrevista que le hizo Herbin Hoyos a un guerrillero que declara que lo habían obligado a acusarlo. Hace dos años ese genio (a ver si aparece alguien que lo conociera en la adolescencia y puede asegurar que no pertenecía a la Juco) entrevistaba a otro guerrillero que decía lo mismo, y como era muy evidente que le dictaba las respuestas, el audio ya no se puede oír. ¿Es posible que Uribe y José Obdulio Gaviria no conozcan el caso? No, no es posible: la impunidad de Sigifredo López fue una campaña en la que participaron coordinados todos los propagandistas de las FARC. Uribe y sus mariachis tienen que tener algún acuerdo para proteger a ese asesino y tal vez para encauzar el descontento de modo que no se desborde y no eche a perder el esfuerzo de paz de Santos.

(Publicado en el blog País Bizarro el 18 de diciembre de 2014.)

Ideología y crimen

Uno de los vicios más irritantes que uno encuentra en casi todos los colombianos es el desprecio hacia los miembros de las guerrillas porque creen que son traficantes de cocaína con máscara política. Ya hay que ser ciegos para creer tal cosa, si se piensa en la vulgaridad que lleva a pensar así, se sienten ganas de llorar.

No pueden ver lo que son los terroristas porque no conciben personas así, pero si los entendieran los respetarían, toda vez que lo que consideran condenable no es matar gente ni menos tratar de imponer a los demás un régimen político sino ser de condición social baja y querer prosperar y pagarse lujos y placeres. ¿Cómo puede ser eso lo condenable? Porque es lo que genera envidia y porque cada uno se siente desplazado en su jerarquía por alguien de condición inferior.

¿Para qué es el dinero?
Un dicho alemán reza que "el dinero no lo es todo pero sin dinero todo es nada", y en efecto el dinero lo es todo cuando no se tiene: cuando uno pasa hambre o duerme en la calle. A partir de la experiencia de la mayoría de la gente, que es el continuo desajuste entre lo que se quiere y lo que se puede gastar, parece que la única motivación que tiene sentido en esta vida es conseguir más dinero.

Los bienes suntuosos deslumbran a la gente pobre, y eso han sido en toda la historia la inmensa mayoría de los colombianos. Parece que subirse a un automóvil que cuesta diez veces más que los corrientes fuera como llegar al paraíso. Del acceso a esos bienes tratan casi todas las telenovelas tradicionales de Hispanoamérica. Por eso resulta inconcebible que alguien que disfruta de ellos se ponga a delinquir.

Pero la plenitud que emana de esos bienes es casi exclusivamente el prestigio, es decir, lo que piensan los demás, y la mayoría obviamente no puede acceder a ellos, por lo que la felicidad del poseedor sólo corresponde a la envidia de los demás, o a la propia envidia redimida. Y cuando se dispone de dinero, además del prestigio de consumir cosas finas está el poder sobre los demás: la capacidad de influir decisivamente en la vida ajena.

Más allá de la seguridad de poder pagar las necesidades básicas, el dinero sirve sobre todo para obtener prestigio y poder. Y en un medio social elevado el prestigio y el poder no derivan sólo del dinero. Los empleados de los hoteles de lujo a los que van los líderes bolivarianos en Europa y Norteamérica sienten sin la menor duda mucho desprecio por ellos, por sus maneras rudas, su ignorancia de las convenciones de conducta, su patética necesidad de protagonismo, etc. No hay ni que detenerse a imaginar lo que sentirán los intelectuales y aristócratas de esos países. Y seguro que disponen de menos dinero.

Ejemplaridad

Este post trata sobre la verdadera condición de los miembros de las FARC y la noción que tienen de ella los colombianos, por eso tengo que saltar a otro enfoque para completar la idea. Ya hace unos años publiqué un post sobre eso.

En alguna parte dice Ortega y Gasset que la noción de jerarquía social se aplica más bien a los demás animales porque entre los humanos pesa más la ejemplaridad, y ponía el ejemplo del cristianismo, que ha pasado por toda clase de regímenes políticos, de pueblos, de modas culturales y siempre se mantiene porque siempre puede remitir al ejemplo de su fundador.

Esa idea de ejemplaridad sirve para explicar la adhesión que tuvieron Fidel Castro y el Che Guevara entre las clases altas de toda Iberoamérica en su momento. Unos jóvenes audaces, apuestos, inteligentes y sobre todo resueltos consuman una rebelión y suprimen las odiadas instituciones de democracia formal copiadas de Estados Unidos, rechazan la dependencia de ese país y se lanzan a dirigir la construcción de la utopía en su país. ¿Puede entender el lector que esos aventureros patricios no eran rateros ansiosos de ganar millones? Ambos procedían de familias muy ricas. Se dice que el abuelo del Che era el hombre más rico de Sudamérica.

Luego, la disposición a seguir su ejemplo de los aristócratas bogotanos provenía de intereses relacionados con el poder político, con la ideología y con el prestigio intelectual (las clases altas de toda Hispanoamérica siempre odiaron a Estados Unidos, gran parte del prestigio que tiene Europa en un lugar como Colombia tiene que ver con eso, es la supuesta alternativa al "imperio"). En los años sesenta la inmensa mayoría de los intelectuales prestigiosos en Hispanoamérica eran comunistas, bien es cierto que gracias precisamente a la organización que los promovía y a los recursos soviéticos (Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y Salomón de la Selva son poetas de más nivel que Mario Benedetti pero nadie los lee porque no tiene difusión: no eran comunistas).

De modo que el impulso de emulación de esos revolucionarios empieza por la clase más alta y se va transmitiendo al resto de la sociedad. Primero a la universidad, que es la institución que concentra a las clases altas (ahora se ha propagado como una peste y los que de verdad son de arriba obtienen diplomas en países civilizados). Antonio Caballero, Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano se cuentan entre los primeros castristas y congregaron en su revista a buena parte de su casta.

El M-19 es la creación de esa gente, y si bien no pudieron tomar el poder, hay que reconocer que los hermanos menores de esos próceres llegaron a la presidencia en parte porque la clientela creada alrededor de la lucha armada, el sindicalismo en las entidades públicas y el adoctrinamiento universitario no se opuso.

Mejoradores del mundo

Las guerrillas son la fuerza de choque pero lo que está detrás de ellas es la universidad, donde se "formaron" sus jefes y donde obtienen rentas y poder la inmensa mayoría de los militantes calificados de la llamada "izquierda". Cuando un colombiano ordinario supone que Timochenko es un sádico o un "bandido" que espera darse baños de oro como Rico McPato, sólo está mostrando el respeto que siente por los diplomas y la aureola intelectual, gracias a lo cual los asesinos avanzan día a día: no son los asesinatos ni intimidaciones lo que les da poder a las FARC sino la lucha por la paz de sus compañeros urbanos, gracias a la cual la sociedad permanece maniatada, así como las Fuerzas Armadas.

Este video sobre los secuestradores de los niños Álvarez Murillo puede dar idea de la clase de gente que nutre las filas de las FARC (sin contar los niños del campo, que son simplemente carne de cañón).

Al principio de sus carreras, todos los miembros del Secretariado de las FARC eran esta clase de gente: muchachos "idealistas" que fácilmente se indignan con las injusticias y sueñan con dirigir el "cambio" , para el que sólo hace falta destruir la democracia y enemistarse con Estados Unidos. No hay que preocuparse de que entiendan que la desigualdad surge del despojo continuo a los ciudadanos que es la universidad ni de que todos los países en que se ha implantado el comunismo se han empobrecido espantosamente: no tienen ninguna información distinta a la doctrina que les imbuyen, y en todo momento reciben aplausos por su determinación de servir a la causa.

Es decir, quienes los convierten en monstruos son sus profesores, que nunca se manchan las manos de sangre, y que casi siempre proceden de castas superiores y a su vez intentan asimilarse al clan de familias presidenciales que creó Alternativa  y el M-19 y que siempre ha tenido relación personal con Fidel Castro.

De modo que el  joven llega a la universidad lleno de sueños y ambiciones y ansía ostentar su inteligencia y obtener lo que siempre se busca, poder y prestigio, para lo cual conviene formar parte de alguna organización revolucionaria, a la que lo invitan sus profesores y sus compañeros de cursos superiores. Según su rango social y sus merecimientos, es destinado a una u otra labor. Los muy entusiastas y a la vez carentes de talento para la lucha legal, son enviados a dirigir actividades criminales en el monte o encargados de crímenes en las ciudades, como los secuestros y muchos otros.

Muchísimos líderes terroristas, como los Pizarro Leongómez o los Sanz (alias Alfonso Cano y su hermano del PDI), proceden de prestantes familias bogotanas. ¿Tendrían algún afán de convertirse en genocidas más allá de los sueños de entrar en la historia como los demás revolucionarios patricios del continente? ¿Los movía la codicia o el sadismo? Esa certeza absurda de que son traficantes disfrazados retrata a Colombia.

Injerencia selenita
El origen del terrorismo está en la tradición de Colombia y en la idiosincrasia que comparten los colombianos. Esa idea sobre los terroristas delata esa idiosincrasia. La idea de que los ideales o el rango social pesan más que los hechos concretos (la famosa frase de Carlos Gaviria "No es lo mismo matar para enriquecerse que matar para que la gente viva mejor" sólo la pronuncia porque sabe que el país piensa así) es inconcebible en cualquier código penal e incompatible con la democracia, en la que todas las personas son iguales ante la ley (no está justificado ningún homicidio sean cuales sean las intenciones o el rango de su autor).

De modo que cuando el idealista del video va a secuestrar a los hijos de un supuesto traficante de drogas, hace algo que sabe que será aceptado por su medio pero también por el conjunto de la sociedad, dispuesto a ilusionarse con el socialismo, a admirar al Che y a Fidel y a odiar a Estados Unidos. De otro modo no lo habrían hecho: en otro país no lo habrían imaginado porque se verían como monstruos. Una persona de India que oyera hace mil años la idea de que los malvados al morir arden eternamente se habría sorprendido de la locura que hace falta para creer algo así, pero una persona europea de la misma época se habría sorprendido de la locura que hace falta para ponerlo en duda.

Y ESA IDEA de descalificar a los miembros de las FARC porque trafican con drogas, como si matar policías y soldados para implantar su proyecto político fuera menos grave, forma parte de ese magma ideológico que comparten los colombianos y que permite a los guerrilleros verse como redentores y no como sociópatas y genocidas. El escándalo reciente porque se considere que el tráfico de drogas es un delito conexo al delito político deja ver otra vez lo mismo: claro que es un delito conexo, toda vez que el objetivo del tráfico es obtener fondos para matar gente a fin de conquistar el poder y oprimir a toda la sociedad. Lo que pasa es que el gran delito, el que no se puede perdonar ni tolerar, es precisamente aquello que los colombianos justifican: tienen un proyecto político. Claro que lo tienen, siguen sus ideales. El código penal no puede castigar las ideas, pero ciertamente el proyecto del Partido Comunista y las demás sectas relacionadas con los Castro es un crimen contra la humanidad desde el principio. Los asesinatos y secuestros forman parte de su aplicación, el tráfico de drogas es en comparación un delito menor que sirve al mismo objetivo.

Pero al pensar en eso, en lo monstruoso de esa idiosincrasia, se da uno cuenta de que en Colombia no hay demócratas: nadie considera que sea un crimen tratar de abolir la democracia (lo cual tampoco sería lícito a partir del triunfo de una mayoría en elecciones). Si alguien comparte los fines de las FARC pero no sus métodos, no encuentra repulsa de los demás colombianos, que le ven ideales y calidad intelectual y no propósitos criminales.

Y es que los terroristas expresan al país: lo que en definitiva defienden es la jerarquía del orden social de siempre. Los intereses de mando de las familias presidenciales y las castas próximas, es decir, literalmente, de los descendientes biológicos de los encomenderos. Los colombianos no condenan ese orden sino que sueñan con ascender algún peldaño dentro de él y odian a los traficantes de cocaína, mucho más que a los secuestradores, porque lo amenazan tanto como si hubiera demócratas o clases productivas en ascenso.

Por eso la labor de "paz", que no es más que cobro del crimen y engaño para permitirlo, no encuentra rechazo: ¿qué importan la libertad y la justicia si creer en ellas significaría distinguirse de los intelectuales y personas prestantes que cada uno sueña con ser? Es imposible que los colombianos entiendan que cada pacifista de los que creen que se deben negociar las leyes con los asesinos es otro asesino. Lo que odian no es el crimen ni la tiranía, sino a los pobres alebrestados que se enriquecen y consiguen los lujos que la mayoría sólo ve en la televisión.

Bueno: una foto de los miembros del Secretariado de las FARC que están en La Habana deja ver a cierta clase media con más atributos culturales que la mayoría de los colombianos. ¿Se ven como monstruos genocidas o enemigos de la humanidad? ¿Cómo se van a ver como tales si los colombianos quieren rebajarlos a traficantes de drogas y le quitan importancia a su militancia comunista y a sus asesinatos? Bah, "le quitan importancia". La mayoría respetan esas cosas y millones las comparten.

(Publicado en el blog País Bizarro el 12 de diciembre de 2014.)

El espíritu de la universidad

Un artículo reciente de Félix de Azúa sobre el "partido de profesores" explica muchas cosas sobre la universidad española que hacen pensar en Colombia. Más si se piensa en el formidable parecido que hay entre la franquicia española del narcoimperio castrista y las FARC, que resulta invisible para los españoles porque no saben qué son las FARC. Cuando se habla de corrupción, Colombia aventaja claramente a España, si se trata de la universidad, todo lo que cuenta Azúa se multiplicará muchas veces en Colombia.

Cuando empecé a leer la carta de Timochenko al general Alzate, me acordé de ese artículo. La corrupción consistente en robar es mucho menos grave que el adoctrinamiento de criminales, y las "ideas" de Timochenko sólo son un compendio de lo que se dice en las universidades colombianas desde los años sesenta. Voy a citar y a comentar dicha "carta" porque me parece un documento de verdad valioso.

Señor Brigadier General Rubén Darío Alzate:

La gran prensa y el anecdotario colombiano, cada día más asimilables por obra del monopolio en la propiedad de los grandes medios, suelen construir frases altisonantes con relación al conflicto colombiano. Ahora han puesto de moda aquella que, haciendo relación a su caso, habla del primer general en servicio activo que cae en manos de las FARC en cincuenta años de guerra.

Una vieja rutina que increíblemente encuentra público, también en otros países. Dos importantes canales de televisión en España viven dedicados a un publirreportaje continuo de Podemos, la formación amiga de Cuba e Irán que encarna la rebeldía del pueblo oprimido y obviamente denuncia el sesgo hostil de los medios. El monopolio en la propiedad de los grandes medios en Colombia es lo que permite que existan las FARC, pues de otro modo habría conciencia de la monstruosidad de premiar el genocidio. La misma publicidad que hace a la "carta" la revista, cuyo dueño es el hijo del antiguo promotor de las guerrillas comunistas Alfonso López Michelsen, es prueba de ello: el monopolio de los medios, que incluye al Grupo Santodomingo (testaferro del mismo clan López-Santos-Samper), es hoy sólo la continuación de Alternativa. 

Esa mentira es la misma que representa la universidad: durante muchas décadas fue la quintaesencia de las clases altas, del 5% más rico de la sociedad, pero a los estudiantes se los convencía de que eran un estamento complementario al de los "obreros y campesinos". Ciertamente también de que la prensa es hostil: por muy descarada que sea la propaganda del terrorismo: siempre se puede pedir más, y aunque fuera inconveniente que llegara más lejos, siempre queda bien considerarse perseguidos. Los profesores de las universidades públicas se ganan de promedio 15 salarios mínimos (no es que la mayoría de los colombianos ganen el mínimo porque son más los que no llegan a ganarlo) pero son los más sindicalizados y los que más reclaman aumentos de sueldo, como ocurre con todos los grupos de funcionarios, que son en última instancia la clientela de las bandas terroristas.

Se trata de un caso excepcional y rarísimo, aunque también podría indicar que la agudeza de la confrontación empieza a afectar las más altas jerarquías del mando militar, algo impensable hasta ahora. Desde luego esta última interpretación no resulta del agrado del Establecimiento, que prefiere adjudicar el hecho al azar o incluso a su negligencia personal.

La universidad. Es la universidad, no hay otra forma de explicarlo. La idea de que alguien puede jactarse de cometer secuestros y lo remedia porque lo llama "confrontación" hace pensar en ese sociópata como un adolescente perpetuo, una especie de Antonio Caballero de rango social más bajo, que se envanece de las cosas que aprende en su alma máter y exhibe orgulloso su sabiduría.

¿Qué hacía el general Alzate de civil con otros funcionarios del Ejército en una zona de riesgo? La última noticia alude a un encuentro con bandas criminales a las que podría estar protegiendo. ¿Va a un encuentro semejante con una funcionaria? ¿No había modo de prevenir el secuestro por parte de las FARC? La hipótesis del montaje para favorecer a las FARC y sus negocios y para el show de liberación, tan extrañamente rentable a los terroristas, parece más plausible.

El primero en hacerlo fue curiosamente el Presidente Santos, quizás afectado por el hecho de que hubiera sido el senador Uribe el encargado de publicar la noticia. Antes que expresar algún tipo de preocupación por la vida o la libertad de un general de la República, había que salir a exigir explicaciones sobre sus motivos para estar exponiéndose de tal modo. 

Sin reparar en que dicho cuestionamiento ponía en evidencia una verdad inocultable. Nadie que baje la guardia un segundo, ni siquiera el comandante de una fuerza multidisciplinaria de combate, aun en medio de su área de operaciones, se encuentra a salvo de una acción de la guerrilla en Colombia. Desalentador mensaje a la confianza inversionista.

Conviene que el lector visite la revista Semana y vea el tono respetuoso y hasta cordial en que se redacta el preludio de la carta. ¿Qué es lo que está diciendo el padre de la patria? Jactándose del terror que puede generar su banda. ¿Es tan difícil darse cuenta de que la revista transmite ese mensaje porque sus intereses son literalmente los mismos de las FARC? Pero esa forma de "razonar" del asesino es sólo lo que se ha dicho durante más de medio siglo en las universidades colombianas: lo que se enseña. Timochenko es igual que Errejón o cualquier líder de Podemos, un fruto de la universidad que ejerce de adalid de sus ideas sin que le parezca que haya ningún referente moral que pudiera mostrarlo como un simple criminal.

Se dice que el senador Uribe puede moverse con libertad gracias a más de 300 integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado que trabajan las veinticuatro horas para protegerlo. Una radiografía exacta de su seguridad democrática. Algo muy serio debe pasar en un país en el que sólo se siente seguro quien está rodeado por decenas de escoltas fuertemente armados.

Esto lo dicen también senadores de la república como Iván Cepeda y la inmensa mayoría de los profesores universitarios: ¿por qué es tan difícil matar a Uribe? Eso muy grave que está ocurriendo en el país es la rebelión del pueblo que no aguanta que a sus guías les paguen sólo el sueldo de 15 personas (sin hablar de la edad a la que se pensionan, de la productividad de su trabajo, de los contratos infames que obtienen, de las prebendas por publicaciones ni de los turnos en las rectorías para cobrar pensiones mucho más altas). ¡Qué terrible fracaso el de Uribe que cuatro años después, gracias a la promoción del terrorismo por su sucesor y los medios que controla el clan de éste, no haya seguridad para nadie y los asesinos se jacten de eso! Todo ese quiasmo turbio del discurso del jefe terrorista es algo a lo que está acostumbrado cualquiera que conozca la universidad colombiana.

De hecho, todo lo que hacen las FARC y el ELN es sólo la puesta en práctica de lo que se decía en las universidades cuando los miembros armados de esas bandas no llegaban a mil, antes de que los intereses mezquinos de los gobernantes los llevaran a buscar la paz aboliendo la ley. Muestra de que todo lo que se dice se termina haciendo (también matar a los judíos era una idiotez que decían algunos chiflados a finales del siglo XIX en Alemania y Austria).

Días atrás, en zona rural de Tame, una patrulla de la Fuerza de Tarea Quiron también había sido sorprendida por las FARC, que se había llevado consigo a dos soldados profesionales. El teniente y cuatro policías más del puesto de policía de la isla Gorgona en el Pacífico perecieron dos semanas después, en una acción relámpago de las FARC que sorprendió por su audacia. 

Y sólo menciono acciones militares ampliamente registradas por los medios. Usted y yo sabemos que son muchas las que se presentan por todo el país, de cuya realización se evita dar cuenta. No se quiere ahuyentar capitales, ni dar protagonismo a unas FARC a las que se insiste en presentar vencidas. Su captura ha contribuido sin duda a poner las cosas en un lugar más justo.

Nadie podría explicar mejor en qué consiste la paz de Santos. ¿Quién está enfrentado en Colombia para que haya que hacer la paz? Unos que se jactan de que pueden matar y secuestrar y por otra parte sus víctimas. Es pura lógica universitaria, eso lo reproducen todos los días, también en los colegios, cientos de miles de profesores. ¿Es tan complicado entender que todos los columnistas que cobran esa amenaza, es decir, casi todos (¿o todos?) los columnistas de los grandes medios, son parte de la banda terrorista?

En primer lugar en cuanto a nuestra reducción. No voy aquí a magnificar nuestras fuerzas, pero es innegable que son mayores que lo que predica a diario el señor ministro de defensa. Usted tuvo oportunidad de marchar con unidades nuestras en medio de la enorme persecución ordenada, y sabe bien que tampoco están integradas por los seres perversos descritos en los partes oficiales. 

Conversó tranquila y largamente con varios de nuestros mandos y combatientes, después de ser detenido y conducido por ellos. Estoy seguro de que el tema de la paz y las conversaciones de La Habana hicieron parte de esos intercambios. Por lo que dicen nuestros muchachos al respecto, usted tampoco pareció un hombre intolerante y rudo, sino alguien con el que se podía hablar.

Buen resumen de lo que son los diálogos: un secuestrado que no sabe en qué momento lo van a asesinar o a torturar y que se muestra complaciente con sus captores. Así está la sociedad colombiana desde que los asesinos dominan el poder judicial y pueden llevar a quien no se someta a prisiones en las que la violación y aun la muerte son casi seguras.

Un general de la República y su objetivo de alto valor sentados frente a frente, en medio del invierno implacable de la selva chocoana, quizás prefiguran lo que podía ser Colombia en un escenario de reconciliación. Si el capturado hubiera sido el nuestro, las cosas habrian sido muy distintas. Lo deseable, si queremos la paz, es que las cosas dejen de ocurrir de ese modo.

Mejor no se podría decir: el escenario de reconciliación es aquel en el que todo el mundo está sometido al capricho de unos asesinos. ¿Acaso dicen otra cosa las universidades? Dicen exactamente lo mismo, más cuanto más elitistas sean.

Por otra parte, su detención también brindó espacio a otras realidades. Es cierto que el Presidente Santos reaccionó precipitadamente al suspender los diálogos de paz, condicionando su reanudación a su pronta liberación. Pero también lo es que paralelamente envió en secreto un propio a plantear alternativas. Es claro que no se trata igual a un general que a unos soldados.

Ninguna sorpresa al saber que la suspensión era una bravuconada de Santos que generaría noticias y buena imagen: al mismo tiempo mantenía la relación con los terroristas. Mientras no se explique qué hacía el general con su acompañamiento será incuestionable la hipótesis del montaje (la compañía era imprescindible para pasar aislado varias semanas). Pero ¿qué más universitario que el agravio jerárquico? En las universidades los jóvenes se acostumbran a razonar así: "¿Es justo que nosotros tengamos tanto y haya tantos niños hambrientos? Esta sociedad no merece continuar". Los asesinos se hacen intérpretes del agravio de los soldados a los que matan y secuestran.

Ya lo habíamos constatado con los policías y militares que permanecieron largos años en condición de prisioneros de guerra a la espera de un canje por los nuestros. La opción entonces fue difamar de nuestras propuestas y acciones, sin reparar para nada en el drama de los detenidos, condenados a un prolongado cautiverio. Habría sido muy distinto con un diálogo al respecto.

Ahora no sólo son justos sino además compasivos. El nombre de esa actitud en términos universitarios es "dialéctica". Todo se acomoda para que las víctimas les salgan a deber a los victimarios.

En realidad todo en Colombia hubiera sido muy distinto si la oligarquía liberal conservadora dominante hubiera aceptado dialogar en busca de soluciones pacíficas y democráticas a los diversos problemas generados en la Colombia rural. Para la historia quedaron las múltiples peticiones elevadas en ese sentido por los campesinos de la colonia agrícola de Marquetalia.

Las soluciones pacíficas y democráticas consistían en someterse a estos pacifistas demócratas: ese uso de las palabras sin restricciones, siempre sometidas a la conveniencia de quien las usa y sin posibilidad de respuesta crítica es un hábito universitario. ¡Y los asesinos paniaguados de Moscú y López Michelsen que mantuvieron la violencia después del Frente Nacional resultan descritos como una COLONIA AGRÍCOLA!

Todavía seguimos destinados a suministrar recursos energéticos, mineros y de biodiversidad a los grandes centros de la economía mundial, a la vez que a ser receptores de las mercancías producidas en ellos, hasta el extremo de que los alimentos locales y la economía campesina que los produjo en el pasado, se hallan condenados a desaparecer en beneficio de la importación.

Intereses ajenos a nuestra realidad, como la guerra fría, impusieron la doctrina de seguridad nacional a las fuerzas armadas colombianas, con sus correspondientes secuelas de violaciones a los derechos humanos y el alzamiento armado, situación que se agravó aún más con la imposición de las llamadas guerras contra las drogas y el terrorismo, que no eran ni de cerca nuestras.

Perdón por la insistencia: si el lector no ha oído esto antes es porque no fue a la universidad en Colombia, o al menos no hizo ninguna carrera relacionada con la política y las leyes. Es el discurso oficial. Los que secuestran empresarios resultan los defensores de la producción nacional y los que emprendieron la guerra popular prolongada para implantar la dictadura del proletariado resultan víctimas de la doctrina de la seguridad nacional. Las bandas terroristas son sólo la universidad en armas.

Es hecho comprobado que la noción de narco guerrillas ideada por el embajador norteamericano Lewis Tambs en 1984, cuando vinculó sin el menor respaldo probatorio a las FARC con el famoso complejo cocainero de Tranquilandia, no tenía otro propósito que disimular la alianza entre el Pentágono, la CIA y las mafias colombianas para dotar de armas a la contra de Nicaragua. 

Pero aunque el propio Congreso estadounidense descubrió y publicó la trama que vinculaba al gobierno de Ronald Reagan y a Lewis Tambs con los carteles de Medellín y Cali, en un sucio negociado que enriqueció al extremo a personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, fuimos las FARC quienes terminamos cargando el famoso sambenito.

Clarísimo: los traficantes de cocaína (el gobierno estadounidense) acusa a los amables agricultores pacifistas y demócratas de las FARC de ser ellos los traficantes. 

Triste papel le ha correspondido desempeñar a las fuerzas armadas colombianas, convertidas en un simple apéndice de Norteamérica, en fenómenos criminales como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el paramilitarismo, el desplazamiento y el destierro de centenares de miles de compatriotas, sólo para servir a intereses geopolíticos de los Estados Unidos.

Los criminales son los demás, no ellos, los que desplazan compatriotas y demás. Tiene muchísima gracia que gracias a Obama el propio gobierno estadounidense justifique el premio de los crímenes terroristas con base en supuestas infracciones de los derechos humanos. Según el jefe terrorista (y toda la universidad colombiana, a la que expresa con rotunda claridad), esos crímenes eran encargos estadounidenses. ¿Quién más va a ser adalid de la defensa de los derechos que estos filántropos? Se queda uno sin argumentos.

Las FARC-EP estamos empeñadas desde siempre en la reconstrucción y reconciliación nacional, sobre bases de soberanía, independencia, desarrollo económico y justicia social. Fuimos obligados a hacer la guerra, por lo que estamos dispuestos a dejarla si realmente se garantiza en nuestro país el debate libre y abierto de ideas, sin odios ni persecuciones. Si se abre la democracia real.

Sólo buscan el debate libre de ideas, porque los obligaron a hacer la guerra. Hace mucho tiempo que en Colombia no hay debate libre de ideas porque los asesinos universitarios del poder judicial persiguen a cualquiera que incomode a sus intereses, que son los mismos de las bandas terroristas. El encarcelamiento y la condena de Andrés Felipe Arias o de Luis Alfonso Plazas Vega, entre muchísimos otros, lo demuestra. Pero la universidad no conoce la vergüenza porque su origen es la evangelización: el cura del siglo XVI, o el encomendero que a menudo lo reemplazaba, podía predicar tranquilamente que violaba a las indias y esclavizaba a sus familias para salvarlos del pecado y llevarlos a la redención y después al paraíso. En las universidades cualquiera que discrepe públicamente del terrorismo se juega la vida, pero ¿alguno de los asesinos va a decir que no está por el debate libre y abierto de ideas?

Creemos, general Alzate, que alguna voz cuerda debe brotar del seno de las fuerzas armadas, tras medio siglo de fallidas operaciones para exterminar la oposición política. Las viejas concepciones de la guerra total deben ceder ante otras nociones de seguridad que enfaticen en los verdaderos intereses nacionales, los de las grandes mayorías, no los de unas élites adineradas y egoístas. 

Nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez siempre mostró interés por dialogar con los mandos militares sobre el tema de la paz, lo cual nunca se ha permitido bajo la excusa de que las fuerzas armadas no son deliberantes. Ustedes saben tan bien como nosotros que no es así. Su voz pesa y define muchas cosas. Es mucho lo que podríamos hablar sobre eso.

Ya lo han conseguido: la cúpula militar es más o menos abiertamente afín a los terroristas y la sospecha de que tanta "bondad" no es inocente sino el fruto de grandes incentivos económicos resulta muy difícil de cuestionar. La publicación de Semana tiene también ese objeto: acostumbrar a los militares de menor rango a la "normalidad" de las propuestas de reconciliación de esta "oposición política".

La infamia de la "paz" queda de nuevo demostrada. Ya no sólo la de quienes cobran los crímenes aplaudiendo la "reconciliación" sino también de los que callan y se fingen distraídos. Los criminales vienen a pedir cuentas ostentando sus crímenes y sus mentiras y no hay ninguna respuesta. Bueno: la candidatura del uribismo hace unos meses tenía una propuesta para meter a Colombia en el primer mundo: ¡dar universidad a todos!

(Publicado en el blog País Bizarro el 4 de diciembre de 2014.)