lunes, agosto 29, 2011

La "paz" como forma de vida


En las "Notas del vago estío", un texto de 1925 incluido en el tomo V de El espectador, Ortega y Gasset se ocupa de los castillos característicos de la Europa medieval y de la clase de gente que los construyó. Para describir a esa gente concluye hablando de "la guerra como forma de vida". Me he acordado de ese texto, esencial para quien quiera entender el origen de nociones como "democracia" o "liberalismo", por estar hojeando un libro muy curioso que cayó en mis manos por casualidad. Es un volumen de más de 500 páginas titulado Se inician acuerdos parciales 1986-1990 y forma parte de una curiosa Biblioteca de la Paz que publica la Fundación Cultura Democrática con el patrocinio de USAID y la Organización Internacional para las Migraciones.

Se trata de una compilación de documentos en los que se registra el proceso de negociación del gobierno de Barco con el M-19, que habría de conducir a la Constitución de 1991 y al statu quo vigente. Lo que más maravilla de la lectura de ese libro es el orgullo de todos quienes participaron en dichos procesos de "paz". Como si tuvieran la sensación de que el país está en deuda con ellos por el prodigio que consiguieron.

En lo esencial, las tribulaciones colombianas actuales vienen de los procesos de esa década, y creo que conviene detenerse a entenderlos. El aspecto principal no es ningún hecho desconocido (pese a que los hay, como la relación de las guerrillas con las bombas atribuidas a Escobar o con los grupos de poder: el M-19 con Enrique Santos Calderón y su revista; el ELN con López Michelsen y las FARC con el conservatismo, a través de intermediarios como Álvaro Leyva y en búsqueda de una división del bando "izquierdista" que condujera a un nuevo bipartidismo, que fue lo que motivó el proceso de paz de Betancur con esa banda). No, lo esencial es el significado de esa palabra, "paz", que tan alegremente aceptan los más agrestes y aplicados uribistas.

Es curioso el escándalo que han armado porque en el texto de la Ley de Víctimas se aluda al "conflicto armado". Uno se pregunta cuál es el problema de cada una de esas palabras. Los partidarios de las bandas terroristas siempre argumentan que las convenciones internacionales señalan cierta cantidad de muertos o de combatientes para que se considere que hay un "conflicto armado", y yo me pregunto qué parte de "conflicto" o de "armado" no corresponde a la realidad, o si es que la adición de ambos términos genera una nueva noción con sentido esotérico que prohíba su uso.

En cambio, el término que sí es inadmisible en la retórica de los terroristas y de los gobiernos que buscan obtener galardones aliándose con ellos, es la palabra "paz". ¿Qué es paz? ¿Hubo algún avance hacia la paz gracias a los gobiernos de los ochenta? ¿Tienen alguna relación las conversaciones que entablan los gobiernos colombianos con las bandas terroristas con la paz? Eso es del máximo interés porque los paradigmas del uribismo respecto a la negación de que haya un conflicto armado y la proclama de una "amenaza terrorista" generan el curioso fenómeno de la guerrilla como una pura injerencia selenita sin relación con la sociedad colombiana.

Si uno piensa en la situación de Libia antes de las recientes revueltas, se podría decir que había paz. ¿No había paz? En el sentido de "ausencia de guerra", había paz, y por tanto cualquier negociación que comporte el perdón de los asesinatos que ha cometido Gadafi y aun la recuperación del poder por él se podrá considerar un avance hacia la paz. Lo mismo se podría decir de todas las situaciones en que un bando criminal se impone. Eso fue lo que ocurrió durante el gobierno de Barco y los gestores gubernamentales de paz, como Rafael Pardo, se han vuelto en realidad representantes de los criminales gracias a la necesidad de considerar un logro el sometimiento de la democracia a la voluntad de unos asesinos.

Es decir, si se considera que el paso de los miembros del M-19 de asesinos y secuestradores a ministros y embajadores es la paz, las conversaciones de paz son sólo la rendición de las víctimas, o de quienes debieran representarlas, ante el triunfo de los agresores. Lo que llaman "paz" es la abolición del derecho, y sólo por una vieja cultura del crimen político se pudo encubrir semejante monstruosidad. El gobierno siguiente al de Barco, continuista, una vez premió al M-19, buscó la paz con Pablo Escobar, que también era político y tenía el mismo derecho de la banda comunista disfrazada de "anapismo" para obtener poder político gracias a sus crímenes. Lo único que lo impidió fue la obstinación estadounidense en perseguir a los traficantes de cocaína.

Se podría plantear respecto de todos los criminales. En lugar de enviarlos a la cárcel se los premia con poder y generosos recursos públicos y se considera que se ha avanzado hacia la paz. ¿Cómo es que ningún país democrático ha premiado a las organizaciones terroristas? Porque el M-19 no era diferente a las Brigadas Rojas, a Acción Directa, a ETA o a la Fracción del Ejército Rojo alemana. Ciertamente, la banda de Bateman y Pizarro expandió su poder gracias a sus crímenes, pero alcanzó a copar incluso el poder judicial gracias a que el poder político encontró más rentable aliarse con los asesinos que combatirlos.

Esa curiosa solución de los problemas, que es la que claramente intenta el actual gobierno, no se podría explicar simplemente suponiendo que las bandas terroristas son sectas de unas cuantas decenas de fanáticos. De lo que se trata es de iniciativas de grupos ligados al poder que terminan teniendo éxito gracias a la eficacia de la conjura, a la capacidad de manipulación de sectores significativos y sobre todo a la ausencia de cultura política: enfrente de los conjurados sólo hay pícaros, demagogos y burócratas sin imaginación.

Para entender ese camino hacia la "paz", que convirtió el secuestro y el asesinato en la forma correcta de hacer carrera política en Colombia (a tal punto que en las décadas siguientes las FARC han obrado con la absoluta certeza de que tantos años de lucha darán resultados, como exigía Antonio Morales Rivera cuando era columnista de El Espectador), conviene examinar despacio el origen de las guerrillas y de los grupos de presión que las acompañaron. Eso es del máximo interés porque por cada militante guerrillero ideologizado y capaz de seguir la disciplina del Partido que dirige la conjura hay varios que forman parte de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la paz. Y también varios funcionarios públicos vinculados a ellos. Las bandas terroristas, las ONG de paz y derechos humanos y los sindicatos de funcionarios estatales son partes complementarias del movimiento comunista.

Es decir, la retórica pacifista viene a ser como la actitud del tipo que se acerca a la cajera a exigirle el dinero para aplacar al merodeador de gafas y sombrero, que va armado. La labor de "paz" se basa en el sobreentendido de que hay un conflicto entre bandos igualmente legítimos que llegan a un acuerdo y evitan que siga la violencia. Esa falacia sería fácil de desbaratar de no ser porque en el interior de las instituciones están los agentes aliados de los terroristas, dispuestos a reconocer tal "conflicto". Cuando se hurga un poco más, esos agentes aliados son la mayoría de los funcionarios, más cuanto más alto es su rango, y de ese modo las bandas terroristas son sólo un recurso de los grupos sociales de los que salen esos funcionarios para someter al resto de la población.

Antes del M-19 y aun del auge de las FARC y el ELN había Movimiento Estudiantil Revolucionario, que es de donde salieron los líderes terroristas, los líderes de ONG y los jueces y políticos que acompañaron los procesos de paz. Pero antes de ese movimiento existía la universidad como refugio de las castas de la vieja sociedad, convertidas, como siempre en la historia, en casta sacerdotal. Las diferencias entre los distintos grupos de activistas tenían que ver con el origen social y regional, y de ese modo lo que hay es una división social del trabajo, para usar la jerga marxista.

El supuesto de que las bandas terroristas van a integrarse en la sociedad cuando se cede a sus pretensiones, pero gracias a que cometen crímenes, porque de otro modo no significarían nada, es algo que imponen los poderosos al resto de la sociedad, y en realidad sirve como pretexto para asegurar el mando por encima de toda competencia a los grupos de poder, a costa de premiar a las clientelas con privilegios que la gente de los países civilizados ni se imagina. De ese modo, el terrorismo, siempre ligado a sindicatos como los de la USO, Fecode o Sintratelecom, sólo es ventaja de las viejas castas respecto del resto de los ciudadanos. La misma Constitución de 1991 significó un logro de ese estilo, pues gracias a la arbitrariedad judicial que se implantó los recursos siguieron fluyendo hacia los grupos de poder con el pretexto de los "derechos fundamentales", y sobre todo de la discrecionalidad del juez que falla tutelas.

Los activistas del Movimiento Estudiantil Revolucionario que se dedicaron a la paz son los más afortunados de todos. Los líderes de las cientos de ONG de paz existentes ganan sueldos a menudo superiores a los de los ministros, y su labor consiste en redactar textos que no lee nadie y en los que proclaman sus maravillosas intenciones, siempre con el supuesto de reconocer legitimidad a organizaciones terroristas. Desde hace décadas se oye decir que "la paz es un buen negocio".

Bah... La condición del ingreso maravilloso de esos filántropos son los crímenes, y cuanto más cerca están las negociaciones de paz y más aumentan los ingresos y oportunidades para los pacifistas más aumentan aquellos. Durante el proceso del Caguán los periodistas señalaban ante cada atrocidad que "las partes necesitan llegar fuertes a la mesa de negociación", COSA QUE ES CIERTA, pues sin crímenes no habría nada que negociar.

El error es admitir que se puede premiar a los criminales en lugar de castigarlos. Pero ¿quién resistirá a una presión cuyo trasfondo es el de las viejas jerarquías de la sociedad? Considerar a los profesionales de la paz como criminales es algo que no cabe en la cabeza de los colombianos, que es donde está la raíz de todos los males del país. Ayer mismo, los uribistas estaban dichosos porque se aprobó la cadena perpetua para violadores de niños, reconciliados con sus partidos porque parece que por fin se conseguirá hacer sufrir a alguien. ¿Cómo van a ser criminales los expertos en solución de conflictos? El mismo señor Alfredo Molano, que comparaba a Tirofijo con Bolívar y alentaba a las FARC después de la masacre de Vigía del Fuerte, daba clases de ¡Solución de Conflictos! en Barcelona.

Los mismos que inundan Twitter indignados porque se aluda al "conflicto armado" en el texto de la ley que implanta la cleptocracia en Colombia felicitaban a Paloma Valencia Laserna por una columna en la que sin el menor rubor proclamaba que:
La debacle de Samuel nos ha afectado a todos: su administración desmejoró aún más la ya precaria calidad de vida de los capitalinos; pero el daño más grande fue la lesión al Polo.

El debilitamiento de este partido, que ha venido conformando una izquierda seria, no violenta, deslindada de las Farc, es un golpe para nuestra democracia. El Polo hizo una gran gestión de oposición durante el gobierno Uribe. Su participación fue fundamental para el enriquecimiento del debate público.
¿Cómo va a dudar alguien de que la mentira de llamar "paz" al cobro de los crímenes es una labor legítima cuando los uribistas muestran tanto respeto por el Partido Comunista y su frente de masas, que jamás ha pedido la desmovilización de las bandas terroristas? ¿Era legítima la labor de oposición consistente en intentar frenar todo esfuerzo que se hiciera contra las FARC y el ELN?

Muchas de esas bellas personas que trabajaron por la paz deben de estar por los setenta años, y si no se han exiliado serán colombianos riquísimos y prestigiosos. En otros países eso corresponde a los médicos, ingenieros, etc. En Colombia el negocio correcto es lucrarse del crimen legitimándolo y convirtiendo el acto de secuestrar gente en algo equivalente a que se intente impedir que se secuestre gente. Con todo el respeto de los terribles uribistas, sector político apegado a un caudillo que en la realidad parasita el anhelo legítimo de PAZ, de ausencia de bandas terroristas y de socios que prosperan gracias a sus crímenes.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 18 de mayo de 2011.)

lunes, agosto 22, 2011

Teoría de la evolución

Hace un par de años se cumplieron 150 de la publicación de la obra de Darwin sobre la evolución de las especies, y sin duda las ideas de esa obra, que tanto han marcado la ciencia moderna, nos podrían servir para entender los procesos históricos, al menos los que tienen que ver con Colombia. En particular en lo referente a la adaptación de las especies, valga decir, de los grupos humanos, a medios diferentes y cambiantes. Obviamente, no se puede pretender derivar de las teorías del naturalista británico patrones universales sobre la sociedad, pero creo que ciertas imágenes permitirán formarse una idea de lo que ha estado ocurriendo en Colombia desde que el territorio cayó en manos españolas.

El interés de todo eso tiene que ver para mí con las dificultades que tengo como emigrante para explicar a los colombianos lo extraordinario de la realidad del país: las rutinas cotidianas, los sobreentendidos que maneja la prensa, la ideología que se inculca en la "educación", la propia estrechez del horizonte intelectual y moral de la mayoría de la gente hacen que algo tan tremendo como la relación de la industria del secuestro con la Administración de Justicia parezca un proceso que sería corriente en cualquier parte, o bien una realidad tan absurda que simplemente se niega, por patentes que sean las pruebas.

Es decir, ¿cómo explicarse que el proyecto comunista, entregado al secuestro y el asesinato en masa, fuera la ideología hegemónica entre los grupos de poder durante la segunda mitad del siglo XX? Claro que la expresión "grupos de poder" se podrá entender de muchas maneras, pero desde el punto de vista de la historia colombiana, en la que la sociedad siempre ha sido raquítica en comparación con el Estado, los principales grupos de poder se podrían definir como "aquellos que han ejercido la política y el Derecho". El Derecho tiene un papel central, dado el poder que siempre tuvieron las instituciones de justicia, y en su ejercicio habría que incluir a quienes lo estudian y quienes lo enseñan, a menudo estos últimos también poseedores de cargos y dignidades dentro del aparato estatal.

La relación que percibo entre el Derecho y la ideología por una parte y las teorías de Darwin por otra es ésta: el marxismo en Colombia no ha sido más que una adaptación de las castas de poder de la vieja sociedad. Recuerda mucho al proceso por el que los mamíferos marinos, como los delfines, llegan a adquirir la forma, el color y la dieta de animales radicalmente distintos, como los tiburones, a tal punto que para mucha gente habrán estado emparentados. ¿Cómo llegó el antepasado del delfín a tal estado? ¿Cómo llegó el descendiente del encomendero a la brutal demagogia del chavismo? Nuevamente las teorías de Darwin acerca de la selección natural sirven para entender el fenómeno. Los individuos más aptos sobrevivían en un nuevo entorno, en particular adoptando la ideología hegemónica en todo el Tercer Mundo durante el siglo XX.

Pero más allá de eso, antes de esa adaptación, el encomendero sufrió otras: ¿cómo llegó el secuestrador a ser autoridad judicial? Es decir, las diversas épocas de la historia colombiana han presentado a las instituciones estatales bajo diversos formatos, pero su esencia originaria era el saqueo y la esclavización de los indígenas. Las circunstancias podrían plantear a los grupos de poder renuncias y esfuerzos adaptativos extremos, pero cada vez que hay ocasión se vuelve a la vieja esencia. Así, frente a la necesidad de ajustarse al molde liberal democrático que durante el siglo XIX prácticamente sólo encarnó EE. UU. y durante el XX se impuso en Occidente tras costosísimas guerras, el comunismo, hegemónico en la vida intelectual de la región tras la Revolución cubana, fue una relajación para esos grupos, la recuperación de privilegios y jerarquías que ven continuamente amenazados. La autoridad judicial se hermana con los secuestradores porque es del secuestro de donde procede su poder: tanto en la historia remota como en la agitación de los ochenta que condujo a la instauración de la Constitución encargada por Pablo Escobar.

Si se parte de concebir ante todo la conducta de los grupos de poder y se tienen en cuenta los antecedentes históricos, la profunda relación de la autoridad judicial con las organizaciones terroristas resulta fácil de entender. No es una conjura con la que se traicione ninguna legalidad ni ninguna moralidad, sino la persistencia de un statu quo que siempre ha estado ahí. Y dada la dificultad de fijar el barniz "jurídico" de ese orden, el marxismo se volvió un pretexto perfecto: gracias a la aplicación del destino histórico y en la tarea de superar la democracia formal se podía incurrir en cualquier clase de arbitrariedad, por no hablar de lo grato que resulta a los dueños del poder estatal abolir la propiedad privada. Adueñarse de todo, tal como hicieron sus antepasados cuando crearon ese patrón de conducta persistente, que seguirá en Colombia por mucho tiempo porque, según enseñaba el pedestre marxismo de las universidades locales, "la ideología dominante es la de la clase dominante".

Este fragmento de fray Bartolomé de Las Casas citado por Liévano Aguirre puede servir para ilustrar acerca del origen remoto de las guerrillas:
Llegaron [los conquistadores] a otra grande provincia y reino de Santa Marta, hallaron los indios en sus casas, en sus pueblos y haciendas, pacíficos y ocupados; estuvieron mucho tiempo con ellos, comiéndoles sus haciendas y los indios sirviéndoles... Diéronles en ese tiempo mucha suma de oro de su propia voluntad, con otras innumerables obras que les hicieron. Al cabo que ya se quisieron ir los tiranos, mandaron de pagarles las posadas de esta manera: mandó el tirano gobernador que prendiesen a todos los indios con sus mujeres e hijos y métenlos en un corral grande o cerca de palos que para ello se fabricó, e hízoles saber que el que quisiese salir y ser libre se había de rescatar dando oro tanto por sí, como por su mujer y cada hijo, y por más urgirlos mandó que no les metiesen comida hasta que le trajesen el oro que les pedía por su rescate. Enviaron muchos a sus casas y rescatábanse según podían; soltábanlos e íbanse a sus labranzas y casas a hacer su comida; enviaba el tirano a ciertos salteadores españoles que tornasen a prender los tristes indios rescatados una vez; traíanlos al corral, dándoles el tormento del hambre y sed, hasta que se rescatasen otra.
Conocer las opiniones de los colombianos sobre la conducta de los jueces respecto a todo lo que tenga que ver con la guerrilla es como caer en una asamblea de supersticiosos delirantes: las FARC, el ELN y las cien sectas similares de las décadas pasadas son el fruto de las facultades de Derecho. Entre el sicario que encarcela a inocentes por su adhesión ideológica, lo cual no obsta para que reciba incentivos, y el líder guerrillero que organiza los secuestros sólo hay pequeñas diferencias de rango social y a veces de origen regional. Las FARC secuestraban gente cuando eran abiertamente parte del Partido Comunista, al que pertenecía el finadito Jaime Pardo Leal, fundador del todopoderoso sindicato judicial y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. La abrumadora mayoría de los titulados en Derecho en Colombia están de parte del socialismo y de cuanta medida se tome en esa dirección: cuando eran estudiantes estaban resueltamente a favor de los secuestradores, adhesión que, en una obscena estrategia de adaptación se ha convertido en pacifismo y pactismo.

Todo lo que hace el poder judicial en Colombia respecto a las guerrillas, a sus socios políticos, a los militares, a los políticos y funcionarios ligados al gobierno de Uribe Vélez resulta transparente cuando se piensa en su condición profunda y en los rasgos de la organización social originaria. Pero explicarlo a los colombianos es como llegar a un grupo de niños de una comunidad primitiva a decirles que los delfines son mucho más parecidos a los osos que a los atunes. En buena medida es perder el tiempo: la mentalidad leguleya NUNCA la reconocerá quien la sigue, y en esa mentalidad siempre habrá una forma de hacer corresponder "justicia" a aquello que usa papel sellado.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 11 de mayo de 2011.)

martes, agosto 16, 2011

La senda del deshonor

Ocurrió durante la semana santa, en la cuenta de Twitter del ex presidente Uribe apareció una alusión en la que se relacionaba a Juan Manuel Santos con Judas. Un retweet de un trino de alguien. La noticia apareció en la prensa, acompañando a otras alusiones críticas sobre el presidente. Al cabo de un tiempo la reacción de los Uribe condujo a la percepción de que alguien puede estar usando esa cuenta para "retuitear" trinos que le parecen dignos de atención. Incluso se habló de "hackers".

Esa historia "jarta" dice mucho sobre la situación política presente, y su interés va mucho más allá de lo que concierne al ex presidente, a su cuenta de Twitter y a sus próximos. Se podría decir lo mismo de las columnas de José Obdulio Gaviria o Saúl Hernández en El Tiempo y de la mayoría de los comentaristas de prensa y redes sociales: hay como una cautela generalizada respecto al gobierno de Santos que obviamente obedece a un cálculo y que a mi juicio es un grave error que traerá consecuencias gravísimas para Colombia, para las mayorías que acompañaron a Uribe y para el mismo grupo de políticos y comentaristas que la observan.

Se podría empezar por la infamia que comentaba ayer Erika Salamanca en este blog: ¿qué se busca con la persecución inmisericorde y resueltamente criminal contra unos ex funcionarios que no son reos de ningún delito? ¿Quién promueve esa persecución? Si uno hace caso a lo que dicen y escriben los uribistas, parece un capricho del fiscal que lo aplica, o un vicio de la "justicia" que a veces opta por ser injusta.

Me perdonarán, pero detrás de esa atrocidad está claramente el interés de Santos y Restrepo por convertir en crimen el AIS, eficaz jugarreta con la que le cierran el paso a Arias como líder de un uribismo de base goda que podría disputarle la elección de 2014 al candidato liberal. Es decir, al de Santos.

La persecución contra el ejército es del mismo jaez: ¿no se alió Santos con la Corte Suprema de Justicia para poner a una fiscal leal a Ernesto Samper que se encargara de perseguir a Uribe y su equipo de gobierno por las interceptaciones? Es obvio que hechos tan monstruosos como la condena contra Arias Cabrales al menos podrían haberse impedido si en las cuentas de Santos no estuviera en primer lugar asegurarse la alianza con esos personajes.

Si no fueran suficientes pruebas del papel del presidente como promotor de la persecución del uribismo se podría prestar atención a la revista Semana. La dirige un sobrino de Santos, y en cuanto este se posesionó la revista se apresuró a librarse del único columnista que no andaba dedicado a la calumnia y el insulto contra Uribe. ¿De dónde saca esa revista los correos electrónicos que recibe y envía el ex presidente? Obviamente de los servicios de información del Estado, que sirven a los intereses de la familia presidencial. No tienen el menor reparo en pretender que se persiga a los funcionarios del anterior gobierno por espiar a criminales como los de las altas cortes o los "periodistas" amigos de las FARC, al tiempo que descaradamente usan el Estado para espiar y perseguir a políticos que podrían incomodarlos.

No tiene sentido seguir enumerando agravios: la persona afín a Uribe que hizo retweet a lo de Judas sólo expresaba algo que uno encuentra en la mayoría de los activistas preocupados por la persistencia del terrorismo y resueltos a defender el sistema democrático. Casi no recuerdo ningún "santista" en Twitter, salvo los que hace diez años se burlaban de los secuestrados y amenazaban a todo el que pusiera en duda que hubiera que repartirse el poder con las FARC. De hecho, ¿alguien recuerda algún crítico del presidente en la prensa? Como en el indecente panegírico de María Isabel Rueda, realmente Santos los fascina a todos. ¡Hasta al asqueroso unísono que hace siete años se quejaba del "unanimismo"!

La cautela de Uribe y su séquito es ante todo la persistencia de un error: no quieren reconocer que el referendo por la segunda reelección fue un disparate, así como la "unción" de Juan Manuel Santos. A lo mejor termina habiendo quien cree que el caudillo se puede equivocar.

Pero sobre todo es un juego mezquino: si Uribe sigue liderando la U y generando lealtad en los políticos godos (cargos electos y funcionarios), conserva algún poder. No va a arriesgarse a que todos esos congresistas tengan que elegir entre Santos y él, porque preferirían a Santos (proveedor de puestos y prebendas), con el consiguiente riesgo de una condena por las "chuzadas" y una situación de soledad.

Esa ficción sólo anima a Santos y sus socios, los otros tres jinetes del Apocalipsis de los noventa, hoy por hoy dedicados a cobrar los crímenes terroristas, pues la persecución del uribismo no es nada más que el pretexto para legitimar la negociación política que se viene con las FARC, en la que las camarillas que rodean a esos personajes, absolutos perdedores de las últimas elecciones, terminarían sacando más recursos y poder que con la Ley de Víctimas.

Ese juego del uribismo no cambiará, y de nada sirve advertirles que es su cautela e hipocresía lo que más anima a los verdugos: la obvia necesidad de superar la tiranía del hampa, de sacar a Colombia de la condición de infierno en el que los jueces son abiertamente criminales, no les interesa tanto como conservar buenas relaciones con quienes tienen el poder. Cualquier confianza en las mayorías resulta intolerable para los promotores del "Estado de opinión" y la democracia participativa.

Y ahí uno termina en lo de siempre, de aguafiestas. Para la aspiración de implantar en Colombia una democracia moderna, cada día que pasa el uribismo se presenta más como un lastre que como un aglutinador. Mientras no se vea en Santos y sus aliados la amenaza, mientras se ceda a la tentación de verlo como un mal menor, tal como hace Plinio A. Mendoza, el contubernio oligarquía-redes marxistas universitarias seguirá destruyendo al ejército y usando el poder judicial como medio de persecución política.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 4 de mayo de 2011.)

martes, agosto 09, 2011

El espíritu de equidad


Hace poco me enteré de que el sabio gaditano José Celestino Mutis había encontrado a los santafereños "retóricos y leguleyos", cosa que por lo demás llamaba la atención de cualquier extranjero que visitara Colombia en los siglos anteriores, y que sigue siendo llamativa para cualquier colombiano que se haya desarraigado. Esos dos adjetivos hablan del sentido del daño moral colombiano: la mala fe omnipresente. Sirva de ejemplo esta perla que leí en El Tiempo del 18 de abril, respecto a la extradición del mafioso Makled a Venezuela:

¡Lo correcto según la ley es impedir la investigación de las mafias! ¿A quién le va a importar que la caterva de malhechores que ocupa la cúpula judicial haya acordado previamente con Santos, y quién sabe con qué incentivos, ofrecerle el pretexto para enviar a Makled a Venezuela? Los colombianos dan por buena la extraña pirueta legal, no les incomoda saber que el motivo por el que Chávez quiere a Makled es para proteger el tráfico de cocaína, el mismo por el que echó a la DEA de su país, ni que ese negocio sirve para financiar a las organizaciones terroristas con las que Santos pretende negociar las leyes, y que podrían matar a los mismos indolentes.

¿Por qué no va Santos a buscar la negociación política? Las leyes son un trámite en el que someterse a los más descarados prevaricadores es la "vacuna" (nunca mejor dicho) contra el prevaricato. Están hechas para proteger el tráfico de cocaína y el avance de los peones que adoctrinó el Hermano Mayor del presidente desde la revista Alternativa y que mueren por miles cada año sin que el poder de La Familia ni sus negocios mengüen.

Pero nadie debe creer que la desfachatez de los cínicos sólo tiene que ver con asuntos judiciales: es un rasgo de carácter profundo y determina todo lo que ocurre en la sociedad. Ya no sé cuántas veces habré señalado que prácticamente todas las personas que están en el primer decil de ingreso se proclaman rabiosas enemigas de la desigualdad, y que en el primer centil sin duda predominan los que tienen por oficio combatirla. ¿Alguien se molesta por eso? Bah, habría que salir de Colombia.

En cierta ocasión un caballero español me oyó decir algo sobre la inseguridad en Colombia. "Ciertamente no es Suiza", me dijo. Tuve ganas de confrontarlo con los colombianos ilustrados a ver si hubiera uno solo que juzgara preferible la vida en Suiza. No es que no vean problemas en Colombia, pero que nadie vaya a ponerles de ejemplo ese infierno del lucro y la usura. Bah, todos los países que figuran en los primeros lugares del Índice de Desarrollo Humano o de las estadísticas de PIB per cápita les parecerían igualmente despreciables para sus hondas aspiraciones.

Por ejemplo, un profesor de la Universidad Nacional, no sé si Colombiano por la Paz porque son 155.000 firmas y los más avispados no firmaron al comienzo, aunque casi todos firmaron... Bueno, un tal Mauricio García se quejaba de que en Colombia la desigualdad era tan grave que los pobres no tenían las mismas oportunidades de los ricos de obtener un doctorado. No vayan ustedes a pensar que es inconcebible un país que haya logrado tanta perfección, ni siquiera Corea del Norte... Perdón, tal vez Zimbabue sí llegue a tanto, toda vez que ya no hay ricos y nadie obtiene doctorados.

Colombia es así: el mayor obstáculo para que la instrucción llegue a todos y mejore su calidad es el despilfarro de recursos públicos en asegurarles rentas a varios miles de Colombianos por la Paz, dedicados a exigir perfecciones absurdas y obteniendo ingentes fortunas salidas de la caja común, con frecuencia por predicar la violencia. Si se cuentan las reclamaciones de derechos fundamentales de las altas cortes, se está sencillamente ante un despojo generalizado que se comete con el pretexto de favorecer la igualdad entre todos, ¿o esperará el profesor García que todos los pobres tengan las mismas oportunidades que tiene él de ganarse el sueldo de varias decenas de trabajadores honrados? Es exactamente el mismo procedimiento por el que lo legal es favorecer a las mafias en el circunloquio de Santos.

Pero es difícil librarse de esa potente presencia. Por ejemplo, otro líder universitario, Alejandro Gaviria, se ocupaba en su última columna de la aborrecida exclusión: claro que el motivo "profundo" es el consuetudinario festín de afrentas contra los Uribe, pero el pretexto es gracioso.
Tomás Uribe parece suponer que la pertenencia a cierto círculo social señala o predice el buen comportamiento. Como si la prestancia moral fuese hereditaria. Como si el origen o la afiliación social permitiera juzgar el carácter o adivinar la conducta. Si mis tratos hubieran sido con un joven de una familia desconocida o de un estrato intermedio, sugiere Tomás, mis contradictores tendrían razón en cuestionar mi comportamiento. Pero mis relaciones fueron con un joven de la alta sociedad, alejado en principio de los malos pasos, de los negocios turbios.
Si no fuera en Colombia, nadie pondría en duda que la pertenencia a cierto círculo social señala o predice el buen comportamiento. Es muy poco probable que la gente rica le dé escopolamina a uno para robarlo, o que se llene la barriga de bolas de látex con drogas. El terrible sesgo por el que los descendientes de personas distinguidas son mejor considerados es la norma en todo el mundo en todas las épocas. Pero no en Colombia, donde el espíritu de equidad está a todas horas a punto de saltar, sobre todo entre los grandes beneficiarios de la desigualdad.

En el siguiente párrafo Gaviria alude a unos becados de su universidad que no encuentran trabajos tan buenos como los de los procedentes de familias ricas. Eso mismo pasa en todo el mundo, y a nadie le sorprende: cuando el empleador no puede discriminar según sus valores y preferencias, sencillamente no hay propiedad. Y es que el fondo de tanto amor a la equidad es sólo el gastado colectivismo: no una queja contra la exclusión sino contra la autonomía ajena.
Muchos empleadores, dicen los que saben, filtran las hojas de vida con base en los lugares de residencia, en los nombres propios, en las referencias personales, esto es, en los marcadores obvios del origen social. Y lo hacen de manera rutinaria, casi automática, con la misma naturalidad (inocente en apariencia) de la carta de Tomás Uribe. Los prejuicios de clase no suelen ser estridentes. Pero su acumulación silenciosa es nefasta, reduce las posibilidades de movilidad social, concentra las oportunidades en los mismos muchachos de la alta sociedad.
Exactamente lo mismo que describí antes sobre la mentalidad leguleya. ¿Es que en los demás países no se prefieren siempre los de extracción social más alta? Claro, pero el sentido de equidad de esa gente no es como el de los colombianos (pues no es cuestión de Gaviria ni de los Colombianos por la Paz sino de la mentalidad típica). ¿Cómo es que hay menos desigualdad en los países en los que los estudiantes de las universidades más prestigiosas no andan cuestionando que los ricos tengan más dinero? Mejor dicho, ¿cuál es el sentido del rechazo de los privilegiados colombianos a la desigualdad? Es exactamente el mismo mecanismo por el que los magistrados de las altas cortes cobran el sueldo de centenares de personas (a lo largo de la vida), se gastan aún más en viajes, reciben muchísimo más en negocios derivados de su cargo, y todo lo hacen por el amor a la igualdad y a los derechos de todos.

Lo extraño es que en los países donde no hay tal voluntad generalizada y aun unánime de remediar la exclusión hay muchas más oportunidades para la gente pobre que en Colombia: ya lo he dicho, la forma de no prevaricar es favorecer a las mafias. De hecho, no es raro que a Gaviria lo convencieran los "argumentos legales" para extraditar a Makled a Venezuela.

El tema de la odiada discriminación encontró fervorosos seguidores en el foro del blog del decano. ¡Nada molesta tanto a los obscenamente pretenciosos patanes de UniAndes como la exclusión! Basta con ver cómo miran a los demás colombianos. En su payasada leguleya, gracias a la cual se ponen un adorno moral tan ridículo como la "conciencia social" de la sobrina de Noemí Sanín y la inmensa mayoría de los pensadores de su laya, reflejan ese apego tradicional a la equidad. Por ejemplo, hace unos años se aprobó una ley según la cual uno no puede ser discriminado por la edad. Va un hombre de sesenta años a competir por un puesto con uno de veinticinco, y si al empleador le da por preferir al joven, el rival puede presentar una denuncia por discriminación.

Las posibilidades de sufrir discriminación afloraron de forma maravillosa en dicho foro: ¿por qué no tiene las mismas oportunidades de dirigir una empresa de perfumes alguien que se llama Apestoso que uno que se llama Carlos? ¿Cómo es que el empleador prefiere a la gente que le puede generar beneficios y no a la que le ocasiona pérdidas?

El fondo de la cultura universitaria colombiana es el anticapitalismo: hace cuarenta años era la llamada unánime a la lucha armada contra la explotación y unas décadas antes era abierto jesuitismo. Los inútiles consideran que algún adorno moral les permitirá disponer de las propiedades ajenas y obligar a las orquestas a contratar músicos malos y a los colegios a nombrar pederastas, pues ¿cómo va a tolerarse la exclusión?

Es muy curiosa esa preocupación no por la igualdad sino por las posibilidades de acceder a la cúpula, y expresa inquietudes menos generosas que el dolor por el fracaso de quien se llama Yasbleidy. ¿Qué importa que alguien de extracción muy humilde llegue a dirigir las empresas si la situación de los demás no mejora? Las quejas por la exclusión en esos casos, muy frecuentes entre personas riquísimas y ligadas a familias muy influyentes, sólo son el sentimiento de que la familia de Pastrana o la de Samper o gente así los excluye a ellos.

Si fuera por lo que inquieta a las personas excluidas, en primer lugar habría que pensar en remediar la pobreza, pero ¿acaso negarán que la principal causa de la pobreza es la improductividad de la educación? ¿Cuántas empresas han creado los cientos de miles de mejoradores del mundo que han vomitado esos antros en las últimas décadas? ¿Cuántas patentes han registrado? ¿Cuántas obras de mérito han hecho? Tras la exhibición de buenos sentimientos siempre está la buena conciencia con que se ejerce el más dañino parasitismo, siguiendo el ejemplo del viejo clero.

En segundo lugar, estaría la desigualdad. He explicado cientos de veces que la mayor causa de la desigualdad es ese mismo parasitismo, que los nobles comentaristas del blog del decano no producen nada y se quedan con todo gracias a sus privilegios. No a que un fabricante de colchones prefiera nombrar gerente a su hijo y no a un rebelde justiciero de cara cortada y familia incestuosa, sino a que el Estado se gasta los recursos de todos en proveerles rentas a esas personas (podría apostar a que buena parte de dichos comentaristas son becados, planificadores, profesores de universidades públicas, etc., o hijos de tales). Sin el factor Estado la selección basada en el favor y no en el mérito estaría en desventaja frente al esfuerzo de la competencia. Es decir, la burocracia es una fuente de privilegios que no tiene competencia y sólo requiere exhibición de buenos sentimientos, idénticos al apego a las leyes de Santos.

Sin el sobreentendido, común a casi todos los colombianos, de que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, sería fácil entender que Colombia en el mundo es un país miserable y atrasado, y que todos los países que no lo son sencillamente han ahorrado el refinamiento de sus elites durante siglos. La barbarie latinoamericana consiste en que cada generación aparecen unos príncipes Chávez cuyos descendientes podrían llegar a apreciar la ópera al cabo de medio milenio. En contraste, la familia real japonesa está ahí hace miles de años, y las aristocracias escandinavas o la británica pierden sus raíces en la Edad Media.

El otro factor decisivo, tras la pobreza y la desigualdad, es el funcionamiento del Estado. ¿No es fascinante que TODOS, TODOS, TODOS, TODOS los incluyentes de UniAndes que comentan en dicho blog sean defensores del derecho líquido, de la acción de tutela y de cuanta arbitrariedad dispongan los "jueces"? Es que la no exclusión es el pretexto para hacerse poderosos sobre los demás, tal como ocurre en todo el colectivismo.

Hace muchos años vi una viñeta de un humorista argentino en el que un minusválido sin piernas que se desplazaba en un carrito de balineras apoyando las manos en el suelo persigue a una muchacha: "Me despreciás por ser sudaca". La pretensión idiota de los parásitos es que las empresas acepten a los que se tiran pedos en el consejo de administración, y detrás de esas babosadas sólo está (al igual que en el odio al programa AIS que Gaviria desaprueba sin argumentos) el viejo odio a la propiedad.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 20 de abril de 2011.)

lunes, agosto 01, 2011

Diez razones para una Constituyente

La situación política colombiana, siempre inestable y al borde del colapso, ha llegado en los últimos meses, tras la deriva chavista del presidente Santos, a una situación límite: el contubernio de los poderes fácticos que rodean al gobierno y alientan su descarada traición a la gente que lo eligió configura ya una dictadura en la que la alianza con las bandas terroristas es innegable (a tal punto que Chávez aparece como un gobernante decente que va a ayudar a combatir el tráfico de drogas) y cualquiera que pueda ser un obstáculo es encarcelado o asesinado. La escasa resistencia que encuentra esa dictadura en su afianzamiento consiste en los tímidos "trinos" del ex presidente Uribe en Twitter y en la indignación impotente de sus seguidores, todos impedidos de hacer oposición por miedo a echarse en contra a todos los cargos elegidos o a los nombrados por Santos que, con una indecencia que avergonzaría a las meretrices, colaboran tranquilamente con todos los que fueron derrotados en las urnas y ahora se reparten la tarta burocrática. Que el infame encarcelamiento de los ex funcionarios del Ministerio de Agricultura tiene por objeto allanar el camino para la persecución del ex ministro Arias y del propio Uribe es algo que proclaman abiertamente los medios, por ejemplo El Espectador en un editorial que grotescamente entusiasmó a los uribistas y en el que se acusa claramente a los jueces de prevaricar sin que nadie piense que esa conducta vaya a ser investigada nunca:
Algunos expertos sugieren que tal proceder de la Fiscalía, además de mediático —de un tiempo para acá los entes de control han adquirido un importante protagonismo político— va encaminado a que los acusados terminen declarando que su accionar estuvo de alguna manera ordenado por un superior. Y, en efecto, sí se espera que los responsables últimos de los desvíos de recursos públicos salgan a la luz y reciban las sanciones merecidas.
El fervor de los partidarios de los futuros presos parece parte de una obra de teatro del absurdo, pero contribuye a la tranquilidad con que los sicarios morales alientan a los "jueces" a llevar adelante su tarea; por ejemplo el consuetudinario profesor de la Universidad Nacional que pedía que hubiera "justicia social" para que las FARC soltaran a Íngrid Betancur sale pidiendo cárcel para quien "definió el 'macabro' AIS"... Tal es la sutileza de ese lamentable adoctrinadero de asesinos.

Mientras la dictadura disfrazada avanza por el rumbo marcado por el mejor amigo del traidor, puede que sin caudillismos pero con la misma inversión de recursos públicos en comprar conciencias y la dedicación de los medios copiosamente incentivados a la propaganda más desvergonzada, los sectores políticos que se identifican con el clamor de la mayoría que eligió a Santos andan dedicados a la nostalgia y a los mohínes de perplejidad. Es difícil explicar hasta qué punto carecen de una visión del país y de lo que ocurre. ¡Todo era tan grato con el caudillo de confianza que ni hacía falta pensar!

La superación de este presente que es en gran medida una visión de horror, con la indudable multiplicación de los crímenes terroristas, los atropellos judiciales, la corrupción, la degradación del lenguaje compartido por la tarea ya indecente de los medios y aun el empeoramiento de la situación económica por las incertidumbres generadas por las aventuras del traidor (como las leyes de víctimas y tierras), tardará mucho o poco, pero tiene que venir de otra energía, de otro proyecto. De la aspiración a una democracia en la que las infamias del engendro de Pablo Escobar se hayan superado. No que todo se vaya a resolver decretando nuevas leyes, sino que la ciudadanía aplica las que hay e impone su voluntad, al tiempo que el marco legal deja de ser el pretexto para la tiranía del hampa.

Voy a enumerar diez razones por las que creo que la tarea principal de los demócratas colombianos en este momento es convocar una Asamblea Constituyente:

1. Porque la Constitución Política vigente es ilegítima. Las sospechas de que detrás de la convocatoria estuviera Pablo Escobar, cuya campaña terrorista pretendía imponer la prohibición de extraditar colombianos al exterior, son muy sólidas. La convocatoria fue un acto de fuerza contra el orden legal vigente y la Asamblea Constituyente fue elegida por mucho menos del 25 % del censo electoral, umbral que la propia Constitución impuso. En el supuesto de que esa norma representara a los colombianos de hoy en día, y no a los previamente aleccionados por los carrobombas del mafioso, con la muy probable colaboración de la organización impulsada por la revista Alternativa, ¿qué problema habría en refrendarla? Los partidarios de mantenerla la legitimarían gracias a la votación que obtendrían. Tras la resistencia a convocarla sólo están autoridades herederas de las proezas de la mafia y los terroristas en los años ochenta, que obran hoy en día como un poder opresor sobre la sociedad, a la que no representan. Insisto, si esto último no es exacto, ¿cuál sería el problema de demostrarlo?

2. Porque la Constitución Política vigente no es democrática. Por desgracia, como complemento de ese orden social opresivo y parasitario, reina la corrupción del lenguaje y entonces ya nadie puede confiar en el sentido de las palabras que se usan. Eso ocurre con "democracia". Como resultado del contubernio de Escobar, el M-19 y el heredero de Galán surgió un orden en el que la autoridad judicial reina más allá de toda evaluación, legisla cada vez que quiere y somete a los otros poderes con lindezas como la prisión preventiva, cosa inconcebible en países civilizados para representantes populares que a la postre resultan inocentes (como es el caso de Carlos García Orjuela). Pero esas camarillas sólo obran en representación de poderes fácticos externos, como las grandes familias dueñas de los medios de comunicación, las organizaciones de traficantes de cocaína y las redes de tinterillos que median entre unas y otras. Baste pensar en la negativa a nombrar fiscal durante un largo periodo del gobierno de Uribe. ¿Se puede dudar de que en esa negligencia había un claro prevaricato? Según las leyes vigentes es inconcebible que ese delito se juzgue, como muchos otros cometidos por las cúpulas judiciales y que todo el mundo conoce. ¿Quién los juzgaría? La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, formada por personas a la vez susceptibles de ser juzgadas y encarceladas con mayor premura por aquellos a quienes juzgaría. El gran ideólogo del régimen, el nunca bien ponderado Felipe Zuleta Lleras lo expresaba claramente en su blog.


Los próceres de las altas cortes cometen atropellos y se lucran de ellos, pero al final obedecen a una jerarquía tácita que ocupan algunas decenas de personajes como el inverosímil "periodista".

3. Porque la Constitución Política vigente impone un socialismo encubierto que debería ser refrendado o abolido. La retórica sobre los "derechos de segunda generación", presentada como gran avance democrático, es típicamente socialista y su único efecto es concentrar los recursos en manos de las autoridades, sobre todo de las judiciales, que no fueron elegidas sino como resultado de las componendas de Gaviria y los carrobomba de Escobar y sus aliados terroristas relacionados con el Hermano Mayor del actual presidente. Esa concentración de recursos resulta en un gran proveedor, el contribuyente o el ciudadano como titular último de la soberanía y por tanto de las riquezas naturales, y un gran dispensador, la autoridad que reconoce "derechos" a discreción, dando lugar a toda clase de abusos y forzando la definición de las políticas públicas más allá de lo que convendría o los ciudadanos quisieran. Es decir, el poder socialista prescinde por completo de la opinión o la voluntad de los súbditos, a los que halaga por todos los "derechos", que resultan en iniquidades monstruosas, como los mismos sueldos de los magistrados o la discrecionalidad con que se enriquecen impunemente como aliados de toda clase de redes criminales.

4. Porque la noción de "delito político" presente en esa Constitución es la gran baza del terrorismo. En esencia, la Constitución del 91 significó el triunfo del Movimiento Estudiantil Revolucionario, cuyas pretensiones maximalistas se aplazaron tras su derrota militar en los años ochenta. ¿Alguien recuerda algún país en el que la Grundnorm autorice a matar gente para abolirla? En el caso colombiano era necesario porque de otro modo sería ilegítimo que unos asesinos impunes estuvieran dictando las leyes, y porque tras esa imposición estaba la esperanza de conseguir más, una vez legalizado el terrorismo. Un ejemplo, entre muchos, se puede encontrar en el Capítulo 3, Artículo 150, numeral 17 (sobre las funciones del Congreso):
17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.
Entre la formidable generosidad de los constituyentes consigo mismos se incluye la posibilidad de ser congresista o magistrado tras haber matado gente, siempre y cuando se considerara "delito político". De hecho, circula el rumor de que el asesino material de José Raquel Mercado fue magistrado. En cualquier caso podría haberlo sido, según dicha ley. Esa noción, omnipresente en la Constitución del 91, da lugar a una jurisprudencia que es más o menos abierta legitimación y aliento del terrorismo. Como corolario a este punto, conviene recordar que una Constituyente podría prohibir cualquier precio político a las bandas terroristas. Sin ese incentivo tendrán una razón muy poderosa para desistir.

5. Porque es necesario superar la iniquidad de la llamada "acción de tutela". La llamada "acción de tutela", un recurso de amparo que se presenta a cualquier autoridad judicial y que da lugar a actos ejecutivos que pasan por encima de cualquier norma, pronto fue interpretada como medio de aplicar los "derechos de segunda generación". Eso ha dado lugar a infinidad de abusos, gracias a los cuales las corruptelas más atroces ocurren en las narices de todos sin que haya ningún recurso legal válido para impedirlo. El resultado en definitiva es una institución antidemocrática, en la que los recursos terminan estando a disposición de ciertos funcionarios, que sólo tienen que mencionar algún "derecho fundamental" para conseguir lo que quieran para sus clientelas. Es un socialismo de rateros, que complace a los grupos influyentes pero funciona a costa del bienestar de la mayoría.

6. Porque el resultado de dicho socialismo es la perpetuación de un orden de castas incompatible con una sociedad democrática. Gracias a muchas disposiciones del engendro de Pablo Escobar, pero sobre todo a la "acción de tutela", se genera una clase de personas relacionadas con funcionarios judiciales, con abogados o con otros grupos privilegiados de la sociedad que pueden hacer efectivos sus "derechos" gracias a resoluciones que no necesitan más sustento legal que la voluntad del juez. Eso sencillamente es la perpetuación del viejo orden de castas, disfrazado de retórica "progresista". En ningún país civilizado ocurre nada parecido, ni remotamente.

7. Porque el país es inviable mientras esté sometido al capricho o al interés mezquino de las autoridades judiciales herederas de los carrobomba de Pablo Escobar. Dichas autoridades pueden en cualquier momento hacer fracasar las políticas económicas elegidas por los ciudadanos, y de hecho lo hacen a menudo. ¿Qué es lo que pretenden? Sería bueno saberlo, pero la pretensión de que se equivocan por no tener conocimientos de economía es penosamente ridícula. Podrían consultar a algún estudiante desempleado para que los asesorara. Viene a ser como condenar los tajos de Alfredo Garavito por su falta de conocimientos de cirugía. Conocer las motivaciones de las camarillas de magistrados es difícil, pero ¿por qué tienen que estar los ciudadanos sometidos a dichas resoluciones? Cuando dichas camarillas se arrogan el poder de legislar y aun ordenar políticas públicas, se está ante una dictadura en la que no hay la menor noción de división de poderes. Otra cosa es que dichas realidades complazcan a un statu quo que monopoliza los medios y los recursos, a costa precisamente de mantener al país en el atraso.

8. Porque las políticas que apoyan los colombianos de forma ampliamente mayoritaria de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social necesitan ser políticas de Estado y no estar sometidas al capricho de cada funcionario. Debido a la existencia de una facción totalitaria, en últimas representante del antiguo esclavismo y del antiguo orden de castas, es completamente normal que el ordenamiento legal vigente dé lugar a toda clase de actuaciones políticas o político-judiciales que echan a perder el esfuerzo que hizo el gobierno anterior con apoyo de la inmensa mayoría por hacer un país viable. Si de algún modo los futuros gobernantes deben estar condicionados por esa determinación ciudadana mayoritaria, ¿por qué no buscar que eso ocurra? La suposición de que el socialismo debe ser una opción vigente podría aplicarse también al canibalismo. ¿Qué es lo que hay por encima de la voluntad de los ciudadanos? Yo lo sé: la autoridad de unas personas que hace unos siglos quemaban gente viva y hoy encarcelan preventivamente a inocentes, al tiempo que los más desvergonzados criminales permanecen impunes.

9. Porque debe haber una autoridad judicial legítima que juzgue los patentes prevaricatos de las actuales. El efecto del engendro de Pablo es la ausencia de legalidad, dado que ciertos funcionarios están por encima de la ley, como ya expliqué antes. Una Asamblea Constituyente debería nombrar un órgano que evaluara todas esas conductas en aplicación de la ley escrita vigente. Es decir, una cosa es que las trampas introducidas por Pablo Escobar, los asesinos del M-19 y sus mentores en 1991 hagan imposible juzgar el prevaricato judicial y otra que no haya leyes que lo describan. En ese mismo orden, una autoridad legítima evaluaría los procesos por "parapolítica" y sobre todo los casos patentes de colaboración con las bandas terroristas, como el famoso de la ex senadora Piedad Córdoba.

10. Porque la mayoría que anhela vivir en un país democrático necesita una tarea y un proyecto que impida la consolidación de una tiranía encubierta que cada vez se asemeja más al régimen venezolano. Como ya he explicado, el "uribismo" se debate entre la nostalgia, la resignación y la desesperación, a la espera de que las cuentas de su caudillo le permitan apartarse de los partidos que sostienen a Santos y que ganaron las elecciones legislativas de 2010 como representantes de la continuidad. Si los sectores más conscientes y activos de esa mayoría se plantean superar la tragedia de la inexistencia de leyes, de la tiranía de los jueces, de la iniquidad rampante, de la mentira obligatoria a toda hora en los medios, etc., es posible plantearse una movilización democrática. De otro modo, como ya lo expliqué hace unas semanas, el futuro del uribismo es el de la Anapo.

No importa mucho que sean las ocurrencias de una persona irrelevante: todo cuanto se hace en este mundo empieza siendo un sueño. En todo caso, me gustaría que al menos lo planteado aquí hiciera pensar a quienes se preocupan por el rumbo espantoso que está tomando el país, como si no fuera ya trágico.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 15 de abril de 2011.)